La Constitución garantiza “el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. A pesar de ello, existe la sensación en la sociedad española de que este derecho fundamental podría ser vulnerado por la existencia de escuchas ilegales. El principal partido de la oposición así lo ha denunciado, por boca de su secretaria general, Dolores de Cospedal. Al parecer, el Partido Popular tendría pruebas sobre el espionaje telefónico a algunos de sus principales dirigentes.

La acusación es muy grave. Si fuera cierta, nuestro Estado de Derecho quedaría extraordinariamente quebrantado. El Gobierno y el Partido Socialista ha exigido al PP que presente pruebas. Si no lo hace, su credibilidad –dicen- quedaría arruinada y la autora de las acusaciones debería dimitir de inmediato.

Ahora bien, no parece fácil que el PP pueda presentarlas porque coger in fraganti al autor de las escuchas ilegales es prácticamente imposible. Pero eso no quiere decir que no se pueda llegar a la convicción de que se hayan producido. En un medio de comunicación progubernamental se publicó la noticia de que Federico Trillo había mantenido varias conversaciones telefónicas en los días previos a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre el escándalo de los trajes supuestamente regalados por uno de los implicados en el caso “Gurtel” para presionar a uno de los miembros del tribunal valenciano, el magistrado Montero. Lo único cierto es que Federico Trillo conversó en varias ocasiones con el abogado del Partido Popular, Juan Ramón Montero. El “espía” lo habría confundido con el magistrado y habría echado las campanas al vuelo hasta llegar a la redacción del periódico. De este hecho, el PP deduce que ha sido objeto de espionaje ilegal.

Sea lo que fuere, lo cierto es que el “pinchazo” de las comunicaciones telefónicas, en especial de los móviles, está al alcance de diversos organismos dependientes del Gobierno. El CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional cuentan con sofisticados medios técnicos que permiten intervenir cualquier teléfono sin necesidad de personarse en las instalaciones de la Compañía Telefónica Nacional como ocurre en el caso de los teléfonos fijos. Pero no sólo los cuerpos estatales pueden hacerlo. La Ertzaintza, los Mosos de Escuadra y, entre nosotros, la Policía Foral cuentan con tales medios.

Con arreglo a la ley, sólo los jueces pueden autorizar la intervención de las comunicaciones. Mas su resolución no puede ser arbitraria sino que ha de ser como consecuencia de indicios de delito que los cuerpos policiales deben aportar. “En España sólo se escucha a los malos”, ha declarado José Bono, presidente del Congreso de los Diputados. Ahora bien, ¿quién decide quién es malo? El CNI, los cuerpos policiales, el ministro del Interior…?

La única forma de devolver la confianza a los ciudadanos sería que se establezcan mecanismos de control que permitan verificar si los medios de intervención han sido ilegalmente utilizados, pues se trata de aparatos informáticos que siempre dejan huella de cómo, quién y por qué se han utilizado. En suma, se trata de controlar al controlador que pretenda espiar “a los buenos”.