Sin duda, la foto de este verano en España, al menos hasta este momento, ha sido la de la forma en que fue conducido por la policía a un juzgado de la capital de las Islas Baleares, Rafael Durán, portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento de Palma de Mallorca. La imagen del concejal popular esposado “derecha con derecha” a otro de los detenidos en la operación “Espada”, como si fuera un peligroso delincuente, ha sido portada en la mayoría de los telediarios y periódicos. 

En esta ocasión, sin embargo, los responsables del linchamiento judicial del Partido Popular han ido demasiado lejos. El viejo aserto de que una imagen vale más que mil palabras se ha hecho realidad una vez más. Todo el mundo ha podido ver la desmesura de una actuación de la policía cuyo responsable último es el ministro del Interior. 

La operación “Espada” tiene su origen una investigación iniciada hace casi dos años por la Fiscalía anticorrupción, a instancias del gobierno del socialista Antich, ante el descubrimiento de presuntas irregularidades que se habrían detectado en la construcción del velódromo Palma Avena de la capital de las Illes. El hecho de que entre el presupuesto inicial de la obra y el realmente ejecutado hubiera una desviación de un 40 por ciento era suficiente para fundamentar la sospecha. La justicia determinará si ese incremento estaba o no justificado, si se trataba de meras irregularidades administrativas o, por el contrario, y como sostienen los fiscales anticorrupción los responsables de la obra incurrieron en toda la batería de delitos típica de la corrupción: prevaricación, cohecho, malversación de fondos y falsedad documental. 

Pero lo que es intolerable es que sobre la base de las presunciones de los fiscales y de la policía judicial el juez hubiera ordenado la detención de los presuntamente implicados, sin que hubiera riesgo de fuga de ninguno de ellos ni de destrucción de pruebas, habida cuenta que toda la documentación estaba en poder de la fiscalía por haberla entregado el propio gobierno balear.  

En el caso concreto del portavoz popular, Rafael Durán, se da otra circunstancia especialmente sangrante. La acusación que la fiscalía ha formulado contra él era un delito de prevaricación (dictar resolución injusta o ilegal a sabiendas) que no lleva aparejada pena de cárcel sino de inhabilitación temporal para el ejercicio de cargo público. ¿Cómo es posible que el juez hubiera autorizado la detención del imputado, a sabiendas del carácter infamante de la misma y de que a partir de ese momento el portavoz popular quedaba en una posición política insostenible? ¿Qué clase de fiscales son los que han participado en esta vil cacería vulnerando el deber que les impone la ley reguladora del ministerio fiscal de proteger en todo momento los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos? ¿Cómo es posible que el Fiscal General del Estado permita un comportamiento semejante? ¿Por qué no se dio cumplimiento por la policía judicial a las normas de enjuiciamiento criminal que exigen que la detención se realice de la forma menos infamante para el detenido? ¿A quién se le ocurrió la diabólica decisión de esposarlos “derecha con derecha”, para que no pudieran disimular las esposas y obligarles a caminar muy despacio para no tropezarse ante los fotógrafos y las cámaras de televisión, contraviniendo la orden dada por el delegado del Gobierno de evitar que padeciera la dignidad de los detenidos? ¿Quién es el responsable de que los calabozos de Palma, como los de las mayoría de las comisarías de España, sean inmundos, malolientes y en sí mismos degradantes? ¿Por qué la detención policial lleva consigo la incomunicación de hecho, salvo que el juez –en casos de delitos muy graves- la decrete? ¿Por qué la policía tiene que interrogar a los imputados sobre los delitos que supuestamente han cometido, en vez de ponerlos de inmediato a disposición del juez? Son muchas las preguntas que los titulares de los ministerios de Justicia y de Interior debieran responder. 

Pero hay otra foto que no ha tenido la misma fortuna que la del portavoz popular. Me refiero a una en la que se ve a los dos fiscales encargados de la operación Espada –Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán (navarro por cierto este último)- caminar flanqueando al juez encargado del caso, José Castro. ¿Qué pintaban los fiscales “custodiando” al titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma? Nada, absolutamente nada. No es de extrañar que el juez, tras tomar declaración a Rafael Durán, decidiera ponerle en libertad provisional con una fianza de 15.000 euros en vez de decretar su libertad sin más o a lo sumo con cargos pero sin ninguna medida cautelar. ¿Lo hizo para salvar la cara a los fiscales y a la policía judicial? La imparcialidad del juez se presume, ciertamente, pero el maridaje entre jueces y fiscales no es precisamente su mayor garantía.   

Lo ocurrido en Palma nos retrotrae a las épocas medievales en las que los grandes señores tenían la potestad de poner en la picota a cualquiera de sus súbditos. La picota era el lugar donde se encadenaba a todos aquellos a quienes se pretendía destrozar su honra y su fama ante sus convecinos bajo la acusación de ser un delincuente. Pues bien, Rafael Durán ha sido puesto en la picota bajo una Constitución que coloca el derecho al honor y a la presunción de inocencia en el frontispicio de los derechos fundamentales, que garantiza la imparcialidad e independencia de los jueces y que prohíbe cualquier privación de libertad que implique un trato infamante o degradante.  

Es  la vuelta a la Edad Media.