*Publica El Mundo un reportaje sobre los intérpretes contratados por el Senado para que en la Comisión de Autonomías los presidentes autonómicos con lengua propia se permitan el lujo de dirigirse a la Cámara en ella. Una jornada del grupo de siete intérpretes cuesta 6.500 euros. Cuando la lengua utilizada es el catalán o el gallego, los senadores de dichas Comunidades no necesitan intérprete, aunque sí el resto de sus compañeros. Cuando el idioma es el vascuence se ponen los cascos hasta los nacionalistas vascos. El Senado forma parte de las Cortes Generales, que representan al pueblo español. El idioma oficial –en el que todos se expresan y entienden– es el que entre nosotros llamamos castellano y que fuera es el español. Es una muestra del esperpento nacionalista al que se ha plegado el Senado. En la legislatura pasada, los diputados de ERC estuvieron a punto de conseguir que se les permitiera dirigirse al Congreso en catalán. Si algún día lo consiguen y los diputados tienen que seguir los debates con los cascos puestos, ese día España será menos España. Y, además, haremos el ridículo en el mundo.

*Cuando se debatió la Constitución se oyeron voces “progresistas” para que se consagrase como derecho fundamental el de ser juzgado por “el juez natural”. La consecuencia inmediata hubiera sido la desaparición de la Audiencia Nacional de manera que los terroristas vascos hubieran tenido que ser juzgados en el País Vasco. Al final se estableció que “todos tienen derecho al Juez predeterminado por la ley”. Viene todo esto a cuento de la supresión de la llamada “jurisdicción universal” que acaba de ser limitada a los casos en que haya víctimas españolas, cuando se trate de juzgar crímenes contra la humanidad, cualquiera que sea el lugar donde se hubieran cometido. La jurisdicción universal tiene sentido cuando los acusados por este tipo de delitos son juzgados por un tribunal penal internacional el de La Haya. En tal caso, el juicio es factible porque el Estado en el que se hubiera cometido el delito tiene el deber de cooperar con el tribunal y, por tanto, ha de facilitar las pruebas necesarias (documental, testifical, pericial, etc.). Pero cuando no es así, los jueces españoles no tienen ninguna potestad para requerir la colaboración del Estado al que pertenezca el acusado aun en el caso de que se consiga su detención dentrro o fuera de España. Si los tribunales no pueden oír a los testigos o recabar otras pruebas de cargo el enjuiciamiento se realizará sin las debidas garantías y, en consecuencia, se producirá una vulneración de los derechos fundamentales que proclama la Constitución. Los “progresistas”, que de vez en cuando invocan el derecho al “juez natural”, se contradicen cuando se rasgan ahora las vestiduras ante la reforma que acaba de aprobar el Congreso para limitar el alcance de la jurisdicción universal. 

*Dicen que la vida privada no tiene por qué interferir en la vida pública. Lo que ocurre ahora en Italia demuestra que no es así. Que el primer ministro Berlusconi se comporte como un crápula y llegue hasta el ridículo de decir que a él lo que le gusta es el placer de la conquista y que jamás se hubiera acostado con una prostituta, cuando se ha sabido que las jóvenes que asistían a sus juergas en su propia residencia oficial eran cortesanas de lujo, convierte a Italia en un país de charanga y pandereta. Enredado en sus líos de faldas, difícilmente Berlusconi está en condiciones de ocuparse de los grandes problemas de Estado y eso sin contar con que en este asunto no acabe por asomar la corrupción.   Hay que ser cretino para pensar que sus “conquistas” obedecen a su varonil galanura y no a lo abultado de su cartera o de su poder. La vida privada si afecta a la vida pública. La opinión pública italiana está amordazada por el férreo control de los medios de comunicación que posee “Il Cavalieri” cuya conducta, por cierto, es impropia de la de un caballero. Si Berlusconi es el paradigma de la derecha europea tengo la impresión de que el mundo está loco. Así que paren, que me bajo.

Cuando el primer gobierno de Rodríguez Zapatero, a propuesta del entonces ministro de Defensa, José Bono, nombró a Alberto Sáez para desempeñar la dirección del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sin más mérito que haber sido consejero de Industria durante su último mandato como presidente de Castilla-La Mancha o el de ser, según se dijo, su cuñado, hubo voces que censuraron su nombramiento por considerar que se trataba de una persona escasamente cualificada para desempeñar una función de tantal importancia para la seguridad de España.

Alberto Sáez acaba de ser renovado en su cargo por el presidente Rodríguez Zapatero, a propuesta de la ministra de Defensa Carmen Chacón, a pesar de que la valoración de la gestión de Sáez no puede ser más negativa. El CNI aparece con demasiada frecuencia en los medios de comunicación por sus conflictos internos y las luchas de poder en su seno, sin que la opacidad que, por razones obvias, debe presidir sus actuaciones haya bastado para acallar las voces críticas.

Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la demoledora información que el diario El Mundo viene ofreciendo a sus lectores en los últimos días sobre la utilización abusiva de su cargo por el director del CNI. El periódico de Pedro J. Ramírez no ha hecho otra cosa que hacerse eco de denuncias facilitadas  por directivos y agentes del Centro. Se le acusa de de gastar 350.000 euros en su residencia personal, con mano de obra proporcionada por el servicio de inteligencia; ordenar a un grupo de nuestros “espías” la limpieza de su piscina particular; utilizar para sus cacerías un vehículo “todoterreno” propiedad del CNI y guardar las piezas que mata (ciervos, venados, jabalíes, etc.) en frigoríficos de la Casa; irse de pesca al Senegal utilizando medios públicos llegando incluso a falsear una de las fotografías en las que aparecía exhibiendo una de sus capturas; y, por último, “pinchar” el teléfono de la asistenta de un amigo porque, al parecer, hablaba mucho con su novio.     

El Partido Popular ha exigido su comparecencia en el Congreso y pero Sáez pretende hacerlo pero en una sesión a puerta cerrada, como si las explicaciones que está obligado a dar tuvieran la consideración de secretos oficiales.

Entre todas las irregularidades denunciadas hay una de especial gravedad. Se trata del pinchazo telefónico de la asistenta de su amigo. El secreto de las comunicaciones privadas es un derecho constitucional, que sólo puede ser levantado si lo autoriza un juez y con una causa justificada.

Si todo esto es cierto, quiere decir que los poderosos medios de inteligencia con que cuenta el CNI podrían estar a merced del capricho de su director –o de sus agentes– para espiar a cualquier ciudadano lo que constituye una intromisión ilegítima en su privacidad.

Se ha denunciado asimismo que podría ocurrir algo semejante en la Guardia Civil y la Policía Nacional, que cuentan también con los más sofisticados medios de intervención de las comunicaciones telefónicas o de las que se realizan a través de Internet.

Estos lamentables hechos deben ser investigados. Ahora bien, ¿quién controla al controlador? Si, como proclama el artículo primero de nuestra Constitución, España es un Estado de Derecho los poderes públicos tienen la obligación de garantizar los derechos constitucionales. Ni el CNI, ni la UCO, ni la UDYCO ni ningún otro servicio de seguridad pueden funcionar como poderes autónomos inmunes al control del Parlamento. Algo hay que hacer. Todo menos permanecer impasibles ante semejante atropello.

Quienes se dedican al derecho matrimonial saben muy bien que la mayoría de los divorcios distan mucho de ser civilizados. Sólo una minoría es capaz de dar por finalizado el matrimonio de una manera amistosa. En el resto de los casos, los  reproches mutuos, la pelea por el reparto de los bienes comunes y, aun la utilización de los hijos como arma arrojadiza, es por desgracia lo habitual.  

La experiencia dice también que, en política, los divorcios distan mucho de ser pacíficos. Por mucho que se trate de guardar las formas, al final la ruptura significa que los “cónyuges” compiten por conseguir quedarse con la custodia de los “hijos” –los electores– y eso genera entre quienes ayer eran amigos y hoy se comportan como adversarios una profusión de golpes y contragolpes, que por fortuna no suelen pasar del puro terreno dialéctico. 

Traigo a colación todo esto a cuenta del divorcio entre UPN y el PP. Es verdad que en las dos partes hay voces conciliadoras, que tratan de apaciguar los ánimos y limar aristas para recordar sólo los buenos momentos vividos en común. Sueñan con la reconciliación y por eso tratan de olvidar los días aciagos de la ruptura. Están convencidos de que mantener por más tiempo la discusión de quién tuvo la culpa no conduce a ningún lado. Pero por desgracia no siempre impera la templanza. 

Las elecciones europeas podían haber sido una oportunidad para el reencuentro. Todavía estamos a tiempo. UPN no se presenta y el  PP ha incluido en la lista a un candidato navarro que nunca estuvo afiliado al partido regionalista ni tuvo responsabilidad alguna en la ruptura. El programa electoral del PP contiene los principios y valores que sustenta UPN. El futuro eurodiputado navarro defenderá en Estrasburgo la identidad de Navarra, nuestra foralidad histórica y el régimen de Convenio Económico. Y si la alta abstención facilita al brazo político de ETA el acceso al Parlamento Europeo, sabrá desenmascarar las falacias euskalherríacas y combatir la dialéctica del terror. A pesar de todo ello, la actual dirección de UPN no está dispuesta a apoyar al PP. Así que habrá que esperar al día 7-J para conocer el inapelable veredicto de los electores.  

Entre tanto, me ha parecido útil recordar los tiempos en que UPN y el PP eran un matrimonio ejemplar. Me refiero al período comprendido entre 1996 y 2004, es decir, el de los gobiernos de José María Aznar.  El balance no pudo ser más satisfactorio para Navarra. Los Convenios Económicos de 1997 y 2003 fortalecieron la autonomía financiera de nuestra Comunidad. Se desbloqueó, después de siete años de parálisis, el proceso de transferencias. Se firmaron numerosos convenios de colaboración, entre los que destaca el impulso definitivo a las obras de Itoiz y del Canal de Navarra que hoy avanza al ritmo previsto gracias a que el Gobierno del PP desembolsó la totalidad de las cantidades que correspondían al Estado, hacia la Ribera. Se consiguió que la conexión Zaragoza-Pamplona –que no estaba en los planes de desarrollo del AVE del último Gobierno de Felipe González- figurase en la planificación prevista para el período 2000-2007. El acuerdo de infraestructuras del finales de 2002 incluía el compromiso del Estado de construir el corredor de alta velocidad con cargo a los presupuestos generales del Estado, que entraría en servicio en el 2010. (Por cierto, en el año 2003, último año del PP, se pusieron los pilares para la realización de esta gran obra de infraestructura, interrumpidos hasta ahora por la ministra Álvarez). En el acuerdo se incluyó una serie de obras, que hoy están en ejecución –aunque con retraso sobre los plazos previstos– como la autovía Tudela-Medinaceli, la de Pamplona-Jaca y la vía de gran capacidad Pamplona-Francia. Se concertó la ampliación y nueva terminal del aeropuerto de Noáin. Se formalizó el convenio de la nueva cárcel de Pamplona. Se incluyó a Pamplona en el Plan Urban, factor clave de la espectacular transformación de la ciudad. Se cubrió el velódromo Miguel Induráin de Tafalla. Se revirtieron a Estella los terrenos del cuartel Primo de Rivera. Se inició la restauración de las murallas de Pamplona. Todo esto, unido a la eficaz política económica del Gobierno Aznar, permitió a Navarra alcanzar  el pleno empleo (5,9 por 100 de paro en 2004 frente al 14 por 100 en 1996). Y en ese último año la renta per cápita de Navarra superó en 27 puntos la media nacional y estaba 8 puntos por encima de la media europea.  

He aquí el fruto del gran esfuerzo de concertación entre el Gobierno de la nación y el de Navarra con la colaboración –decisiva- de los diputados y senadores de UPN-PP en las Cortes Generales. Al recordarlo siento la nostalgia de los tiempos felices. Será que me estoy haciendo mayor.