El quinto aniversario de la masacre perpetrada el 11 de marzo de 2004 se ha conmemorado sin ninguna participación del Gobierno de Rodríguez Zapatero. La opinión pública española parece haber pasado página del atentado que conmovió al mundo y provocó un terremoto político en España que fue determinante para el acceso al poder del Partido Socialista.

Sin embargo, la indiferencia de los estamentos oficiales no puede hacer olvidar que a estas alturas todavía no se conoce la verdad de lo ocurrido, entre otras razones porque la identidad de los autores intelectuales, es decir, de quienes ordenaron y planificaron el criminal atentado, está en la más absoluta nebulosa. 

Se dirá que la sentencia de la Audiencia Nacional, confirmada por el Tribunal Supremo, da respuesta a todos los interrogantes planteados tanto en la Comisión de investigación del Congreso de los Diputados como durante la instrucción del sumario por el juez Del Olmo. Pero no es así.  La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera que los autores de la colocación de las bombas en los trenes fueron las personas que murieron en la explosión del piso de Leganés ocurrida el 3 de abril de 2004. Ahora bien, no dice cómo el tribunal llegó a semejante conclusión. Si a eso se añade que algunos de los acusados como autores intelectuales de la masacre fueron absueltos la confusión no puede ser mayor. 

En los últimos días, el diario El Mundo ha revelado que la policía ocultó al juez del Olmo las pruebas que demostrarían que el único condenado como autor material de la masacre, Jamal Zougam, no estuvo en Morata de Tajuña la víspera del 11-M, de forma que no pudo participar en la preparación de las mochilas bomba, sino en un gimnasio de Madrid donde permaneció hasta las 11,30 de la noche.  Conducta que por otra parte no parece apropiada en un terrorista que al día siguiente iba a perpetrar un atentado tan terrible. 

Por otra parte, tampoco la sentencia aborda lo ocurrido en Asturias, donde la policía tenía como confidente a Emilio Suárez Trashorras, condenado por haber vendido a la célula islamista los explosivos utilizados en el atentado. Ni tampoco cómo es posible que si los “moritos de Lavapiés” –expresión utilizada por uno de los mandos policiales que comparecieron en la Comisión de investigación del Congreso de los Diputados– o eran confidentes de la Policía, o de la Guardia Civil o del CNI, e incluso estaban estrechamente vigilados, bajo la supervisión del juez Baltasar Garzón, los terroristas hubieran conseguido su objetivo. 

En suma, mientras no se despejen las numerosas incógnitas no aclaradas no se podrá decir que el mayor atentado terrorista de la historia de España ha sido totalmente esclarecido.