La dimisión de Mariano Fernández Bermejo debería haber sido recibida por el Consejo General del Poder Judicial como un alivio. Ante el incendio de la Justicia que padecemos el ex ministro se comportaba como un auténtico pirómano. Su sectarismo sin límites y su arrogancia barriobajera hacían imposible cualquier diálogo con las asociaciones de los jueces y magistrados, cuyas reivindicaciones son más que razonables.

Pero no. En lugar de congratularse, el Consejo parece estar más preocupado por los “ataques” a la independencia del poder judicial que, según Gabriela Bravo, la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, viene protagonizando el Partido Popular. Esta semana, habrá una reunión de la Comisión permanente y después el pleno del Consejo, para abordar esta cuestión que, al parecer, compromete gravemente el funcionamiento de la Justicia. “El Consejo –ha declarado Bravo a la cadena SER– va siempre a cumplir el mandato constitucional que es velar por la independencia de los jueces y magistrados de este país”.

Pues bien, la reacción del Consejo no puede ser más insólita y desmedida. En primer lugar, porque el Partido Popular no ha realizado ningún ataque contra la independencia de los jueces sino al contrario. Lo que ha reclamado es que sean, de verdad, independientes del poder político y la cacería de Puertollano demuestra la existencia de un espurio maridaje con el juez Baltasar Garzón. En segundo lugar, porque la Constitución proclama que los miembros del poder judicial no sólo han de ser independientes sino también responsables. Y ello quiere decir que los ciudadanos –también los partidos políticos– tienen derecho a exigir responsabilidades de aquellas actuaciones de los jueces que no estén dictadas por el afán de hacer justicia, sino por criterios extrajudiciales que empañan su necesaria imparcialidad y objetividad.

El Partido Popular se ha sentido –y con razón– agredido por el juez Garzón, que ha provocado su linchamiento mediático con una actuación que podría rayar en la prevaricación. El Consejo no puede desconocer que el titular del Juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se caracteriza por su pública y notoria animadversión contra el Partido Popular, por lo que no estamos en presencia de un juez objetivo e imparcial, lo que le incapacita –como ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos– para la instrucción del sumario.

Por si fuera poco, la sombra de una conspiración con el ministro de Justicia –en la que habrían participado la fiscal del caso y el jefe de la Policía Judicial, entre otros– se cierne sobre la actuación del Garzón, al descubrirse la presencia de todos ellos en la cacería y conocerse que ésta no ha sido la única vez en que, en fechas recientes, han coincidido el juez y el entonces ministro.

Por otra parte, el juez –que. al parecer. ha prohibido a los imputados hablar del asunto– ha permitido, desde el primer momento, la filtración interesada del sumario, provocando su indefensión y la del Partido Popular supuestamente implicado.

La Constitución establece, entre otras cosas, el derecho de todos al juez ordinario predeterminado por la ley, a ser informados de la acusación formulada contra ellos y a la presunción de inocencia, derechos que han sido sistemáticamente violados en este caso. La aparición de aforados en el curso de las investigaciones, revelada por el propio juez Garzón, le obligaba a inhibirse de inmediato en la instrucción de la causa, cosa que todavía no ha hecho. Con tales insinuaciones, el instructor ha puesto bajo sospecha a una serie de miembros del Partido Popular, sin que se sepa a ciencia cierta el alcance de su posible imputación. Si fuera cierto que a uno de los detenidos –que permaneció tres días incomunicado–, lo único que se le preguntó en el curso de su comparecencia ante el juez, que lo puso en libertad sin fianza, fue si había pagado unos trajes al presidente de la Generalidad valenciana, estaríamos ante un gravísimo escándalo, porque la privación de libertad es una medida extrema que no estaría en modo alguno justificada, porque se trataría de una investigación relativa a una persona aforada para la que la Audiencia Nacional carece en absoluto de competencia.

La negativa de Garzón a admitir la personación del Partido Popular es otro atropello jurídico revelador de la parcialidad del juez. El Partido Popular es el primer interesado en que se depuren las responsabilidades que procedan, si fuera cierto que alguno de sus miembros son reos de corrupción.

Bermejo se ha visto obligado a dimitir por su participación en la tristemente célebre cacería, Garzón tendría que seguir su ejemplo. Nuestro gran juez estrella debería aclarar otros extremos sobre los que existen dudas razonables, como por ejemplo el origen de su supuesta fortuna, labrada con actuaciones extrajudiciales. La transparencia en este caso sería exigible en quien, entre otras cosas, posee la facultad de formular acusaciones penales por enriquecimiento ilícito y delito fiscal. Los altos cargos de la Administración y los miembros del Parlamento tienen la obligación de revelar sus fuentes de ingresos y de declarar cualquier alteración significativa de las mismas. Los jueces también deberían tener la misma obligación. En el libro de José Díaz Herrera –“Garzón, juez y parte”– se contienen aseveraciones muy graves sobre lo que acabo de decir, no desmentidas por el interesado, que cuando menos deberían ser investigadas por la Fiscalía.

Todos estos hechos son los que deberían mover al Consejo Judicial a actuar, pero no para tratar de cercenar el legítimo derecho a la defensa del Partido Popular, sino para determinar si Garzón ha vulnerado o no la Constitución y las leyes.