A Garzón le gusta la buena vida. Alguno de sus biógrafos le atribuye además una cierta afición al dinero. Como su sueldo de juez no le da para mucho, lo complementa con una intensa actividad extrajudicial: conferencias, libros, participación en seminarios e, incluso, presentador de televisión. Una de sus biografías –no autorizada- dice que, gracias a todo ello, ha acumulado una gran fortuna. Suponemos que el azote de los defraudadores estará a bien con Hacienda, aunque malas lenguas le atribuyen cobros en metálico o en especie no muy transparentes. Por supuesto, no seré yo quien dude de la probidad de nuestro gran juez estrella.  

Su paso por la política es bien conocido. Lo hizo para combatir al Partido Popular y evitar su acceso al poder, en unos momentos en que Felipe González se hallaba en serias dificultades por la corrupción desbocada impulsada por el propio Partido Socialista, como lo demostró el escándalo de Filesa, Malesa y Time Sport, sociedades creadas para eludir la transparencia de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, así como por la guerra sucia contra ETA de los GAL.  La Constitución prohíbe a los jueces pertenecer a partidos políticos ni desempeñar otros cargos públicos. Pero no dice que no puedan ser diputados si dejan de serlo. En 1993, Garzón fue elegido diputado por el PSOE. Los funcionarios públicos que accedan a la condición de diputados pasan a la situación de servicios especiales. De esta forma se les reserva su plaza y el tiempo en que permanezcan fuera de la judicatura se les computan como si hubieran estado en activo en la carrera judicial. Garzón fue diputado y después Secretario de Estado en el ministerio de Justicia e Interior manteniendo su condición de juez, lo que no parece muy congruente con la Constitución.  

El caso es que Garzón nunca ha ocultado su animadversión contra el Partido Popular ni tampoco su afección al proyecto socialista. Cuando se produjo la guerra de Iraq, Garzón se puso a la cabeza de las manifestaciones contra el Gobierno de José María Aznar. Apoyó públicamente la negociación con ETA protagonizada por José Luis Rodríguez Zapatero, en radical contradicción con la postura del PP que rechazaba cualquier componenda con los terroristas.

En la Comisión de Investigación del 11-M compareció como “experto” en terrorismo islamista, ocultando que en su juzgado tenía controlados a la mayor parte de los integrantes de la célula de Lavapiés. Garzón presumió de haber sido el adalid de la lucha contra el fundamentalismo islámico, presumiendo de los logros obtenidos, pero no se sintió obligado a explicar su fracaso en la prevención del 11-M. Más aún, en vísperas de la comparecencia ante la Comisión del presidente Rodríguez Zapatero, Garzón trató de reforzar la versión oficial sobre la masacre de Madrid al “desbaratar” a bombo y platillo un atentado suicida contra la Audiencia Nacional que, según sentenciaría más tarde el tribunal que juzgó a los procesados –entre ellos el supuesto “lugarteniente” de Alekema Lamari, muerto el 3 de abril de 2004 en la explosión del piso de Leganés– sólo estaba en la imaginación del instructor.  

En el enjuiciamiento del fraude del lino actuó con incompetencia tanto funcional como jurisdiccional, y proporcionó a su amigo José Bono un impagable regalo electoral, al ordenar el enjuiciamiento de Nicolás López de Coca, ex presidente del FEGA, en un memorable auto, dictado días antes del cierre de la campaña electoral de 2003, en la que su amigo José Bono se jugaba su futuro político, auto que por cierto saltaría por los aires tan pronto como la Audiencia Nacional se ocupó del asunto. Enarbolando el auto de Garzón, el candidato Bono pudo presumir que la justicia le había dado la razón. 

Todo esto pone de manifiesto que Garzón, en relación con el Partido Popular, no es un juez imparcial. Para más inri, la obscenidad de la cacería a la que acudió con el ministro de Justicia Bermejo, a la que además asistió el jefe de la Policía Judicial, demuestra la existencia de un intolerable contubernio que compromete aún más la objetividad del juez.

El último acto de su inquina contra el PP ha sido la negativa de Garzón a admitir la personación de los populares como acusación particular. Su insinuación de que hay indicios de la participación delictiva de aforados en las actividades de la supuesta “trama” de corrupción supone dar una nueva vuelta de tuerca para permitir el linchamiento mediático del Partido Popular. Este hecho bordea la prevaricación, pues, si han aparecido tales indicios, el juez no puede continuar la investigación sino que ha de ponerlos en conocimiento de los tribunales competentes. Al no revelar la identidad de los aforados implicados en la supuesta trama de corrupción  ha puesto bajo sospecha a todos los cargos públicos del Partido Popular. Todo ello sin olvidar que hay serios motivos para dudar de que la competencia para enjuiciar los hechos denunciados corresponda a una juzgado de la Audiencia Nacional.  

Lo anterior es propio de una república bananera e impropio de un Estado de Derecho. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que el juez del que haya sospechas fundadas de parcialidad tiene el deber de abstenerse. Pero esto no reza con Garzón que nos tienen acostumbrados a instruir sumarios que luego, eso sí, al cabo de muchos años, porque la productividad no es su fuerte, se convierten en humo.

En suma, todo induce a pensar que Garzón no pretende hacer justicia sino ajusticiar al PP.