La Constitución garantiza “el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. A pesar de ello, existe la sensación en la sociedad española de que este derecho fundamental podría ser vulnerado por la existencia de escuchas ilegales. El principal partido de la oposición así lo ha denunciado, por boca de su secretaria general, Dolores de Cospedal. Al parecer, el Partido Popular tendría pruebas sobre el espionaje telefónico a algunos de sus principales dirigentes.

La acusación es muy grave. Si fuera cierta, nuestro Estado de Derecho quedaría extraordinariamente quebrantado. El Gobierno y el Partido Socialista ha exigido al PP que presente pruebas. Si no lo hace, su credibilidad –dicen- quedaría arruinada y la autora de las acusaciones debería dimitir de inmediato.

Ahora bien, no parece fácil que el PP pueda presentarlas porque coger in fraganti al autor de las escuchas ilegales es prácticamente imposible. Pero eso no quiere decir que no se pueda llegar a la convicción de que se hayan producido. En un medio de comunicación progubernamental se publicó la noticia de que Federico Trillo había mantenido varias conversaciones telefónicas en los días previos a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre el escándalo de los trajes supuestamente regalados por uno de los implicados en el caso “Gurtel” para presionar a uno de los miembros del tribunal valenciano, el magistrado Montero. Lo único cierto es que Federico Trillo conversó en varias ocasiones con el abogado del Partido Popular, Juan Ramón Montero. El “espía” lo habría confundido con el magistrado y habría echado las campanas al vuelo hasta llegar a la redacción del periódico. De este hecho, el PP deduce que ha sido objeto de espionaje ilegal.

Sea lo que fuere, lo cierto es que el “pinchazo” de las comunicaciones telefónicas, en especial de los móviles, está al alcance de diversos organismos dependientes del Gobierno. El CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional cuentan con sofisticados medios técnicos que permiten intervenir cualquier teléfono sin necesidad de personarse en las instalaciones de la Compañía Telefónica Nacional como ocurre en el caso de los teléfonos fijos. Pero no sólo los cuerpos estatales pueden hacerlo. La Ertzaintza, los Mosos de Escuadra y, entre nosotros, la Policía Foral cuentan con tales medios.

Con arreglo a la ley, sólo los jueces pueden autorizar la intervención de las comunicaciones. Mas su resolución no puede ser arbitraria sino que ha de ser como consecuencia de indicios de delito que los cuerpos policiales deben aportar. “En España sólo se escucha a los malos”, ha declarado José Bono, presidente del Congreso de los Diputados. Ahora bien, ¿quién decide quién es malo? El CNI, los cuerpos policiales, el ministro del Interior…?

La única forma de devolver la confianza a los ciudadanos sería que se establezcan mecanismos de control que permitan verificar si los medios de intervención han sido ilegalmente utilizados, pues se trata de aparatos informáticos que siempre dejan huella de cómo, quién y por qué se han utilizado. En suma, se trata de controlar al controlador que pretenda espiar “a los buenos”.   

Sin duda, la foto de este verano en España, al menos hasta este momento, ha sido la de la forma en que fue conducido por la policía a un juzgado de la capital de las Islas Baleares, Rafael Durán, portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento de Palma de Mallorca. La imagen del concejal popular esposado “derecha con derecha” a otro de los detenidos en la operación “Espada”, como si fuera un peligroso delincuente, ha sido portada en la mayoría de los telediarios y periódicos. 

En esta ocasión, sin embargo, los responsables del linchamiento judicial del Partido Popular han ido demasiado lejos. El viejo aserto de que una imagen vale más que mil palabras se ha hecho realidad una vez más. Todo el mundo ha podido ver la desmesura de una actuación de la policía cuyo responsable último es el ministro del Interior. 

La operación “Espada” tiene su origen una investigación iniciada hace casi dos años por la Fiscalía anticorrupción, a instancias del gobierno del socialista Antich, ante el descubrimiento de presuntas irregularidades que se habrían detectado en la construcción del velódromo Palma Avena de la capital de las Illes. El hecho de que entre el presupuesto inicial de la obra y el realmente ejecutado hubiera una desviación de un 40 por ciento era suficiente para fundamentar la sospecha. La justicia determinará si ese incremento estaba o no justificado, si se trataba de meras irregularidades administrativas o, por el contrario, y como sostienen los fiscales anticorrupción los responsables de la obra incurrieron en toda la batería de delitos típica de la corrupción: prevaricación, cohecho, malversación de fondos y falsedad documental. 

Pero lo que es intolerable es que sobre la base de las presunciones de los fiscales y de la policía judicial el juez hubiera ordenado la detención de los presuntamente implicados, sin que hubiera riesgo de fuga de ninguno de ellos ni de destrucción de pruebas, habida cuenta que toda la documentación estaba en poder de la fiscalía por haberla entregado el propio gobierno balear.  

En el caso concreto del portavoz popular, Rafael Durán, se da otra circunstancia especialmente sangrante. La acusación que la fiscalía ha formulado contra él era un delito de prevaricación (dictar resolución injusta o ilegal a sabiendas) que no lleva aparejada pena de cárcel sino de inhabilitación temporal para el ejercicio de cargo público. ¿Cómo es posible que el juez hubiera autorizado la detención del imputado, a sabiendas del carácter infamante de la misma y de que a partir de ese momento el portavoz popular quedaba en una posición política insostenible? ¿Qué clase de fiscales son los que han participado en esta vil cacería vulnerando el deber que les impone la ley reguladora del ministerio fiscal de proteger en todo momento los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos? ¿Cómo es posible que el Fiscal General del Estado permita un comportamiento semejante? ¿Por qué no se dio cumplimiento por la policía judicial a las normas de enjuiciamiento criminal que exigen que la detención se realice de la forma menos infamante para el detenido? ¿A quién se le ocurrió la diabólica decisión de esposarlos “derecha con derecha”, para que no pudieran disimular las esposas y obligarles a caminar muy despacio para no tropezarse ante los fotógrafos y las cámaras de televisión, contraviniendo la orden dada por el delegado del Gobierno de evitar que padeciera la dignidad de los detenidos? ¿Quién es el responsable de que los calabozos de Palma, como los de las mayoría de las comisarías de España, sean inmundos, malolientes y en sí mismos degradantes? ¿Por qué la detención policial lleva consigo la incomunicación de hecho, salvo que el juez –en casos de delitos muy graves- la decrete? ¿Por qué la policía tiene que interrogar a los imputados sobre los delitos que supuestamente han cometido, en vez de ponerlos de inmediato a disposición del juez? Son muchas las preguntas que los titulares de los ministerios de Justicia y de Interior debieran responder. 

Pero hay otra foto que no ha tenido la misma fortuna que la del portavoz popular. Me refiero a una en la que se ve a los dos fiscales encargados de la operación Espada –Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán (navarro por cierto este último)- caminar flanqueando al juez encargado del caso, José Castro. ¿Qué pintaban los fiscales “custodiando” al titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma? Nada, absolutamente nada. No es de extrañar que el juez, tras tomar declaración a Rafael Durán, decidiera ponerle en libertad provisional con una fianza de 15.000 euros en vez de decretar su libertad sin más o a lo sumo con cargos pero sin ninguna medida cautelar. ¿Lo hizo para salvar la cara a los fiscales y a la policía judicial? La imparcialidad del juez se presume, ciertamente, pero el maridaje entre jueces y fiscales no es precisamente su mayor garantía.   

Lo ocurrido en Palma nos retrotrae a las épocas medievales en las que los grandes señores tenían la potestad de poner en la picota a cualquiera de sus súbditos. La picota era el lugar donde se encadenaba a todos aquellos a quienes se pretendía destrozar su honra y su fama ante sus convecinos bajo la acusación de ser un delincuente. Pues bien, Rafael Durán ha sido puesto en la picota bajo una Constitución que coloca el derecho al honor y a la presunción de inocencia en el frontispicio de los derechos fundamentales, que garantiza la imparcialidad e independencia de los jueces y que prohíbe cualquier privación de libertad que implique un trato infamante o degradante.  

Es  la vuelta a la Edad Media. 

En los días previos a la ruptura del pacto UPN-PP advertí de las graves consecuencias que tendría para la convivencia del centro-derecha navarro porque desataría los instintos cainitas entre quienes hasta entonces habían permanecido unidos por compartir el mismo proyecto político.

Los hechos, por desgracia, me han dado la razón. El cruce de descalificaciones con motivo de la decisión de la concejal del Ayuntamiento Cristina Sanz de optar por el PP ha elevado la temperatura de un enfrentamiento que no conduce a ninguna parte o, mejor dicho, que sólo produce el regocijo de nuestros adversarios.

No es mi propósito echar más leña al fuego, entre otras razones porque a lo largo de mi vida política he procurado buscar espacios de encuentro y entendimiento, sin perjuicio de mantener -“fortiter in re, suaviter in modo”- las propias convicciones. Pero hay algunas cuestiones sobre las que me siento obligado a dar mi opinión.

Discrepo de las acusaciones de transfuguismo lanzadas contra Cristina Sanz. Si UPN considera que ha incurrido en semejante pecado capital de la democracia, puede plantear el asunto ante la Comisión de Seguimiento del Acuerdo suscrito por el Gobierno y las fuerzas parlamentarias el .23 de mayo de 2006, que preside el ministro de Administraciones Públicas. Y si en el seno de la Comisión no hay acuerdo, el siguiente paso sería someterse al dictamen de la Comisión de Expertos Independientes prevista en el acuerdo.

Antes de hacerlo, no obstante, recomiendo la definición de transfuguismo que se contiene en el apartado primero de dicho acuerdo y que, en mi modesta opinión, no puede aplicarse en modo alguno a Cristina Sanz por las siguientes razones:

Primera.- Porque Cristina Sanz no ha traicionado a sus compañeros de lista o de grupo municipal, en la medida en que ha manifestado que desea seguir trabajando con sus compañeros de grupo en el gobierno de la ciudad.

Segunda.- Porque la opción por el PP no tiene por objeto cambiar la mayoría gobernante ni dificultar o hacer imposible a dicha mayoría el gobierno de la ciudad.

También se le reprocha haberse apartado de los “principios y valores de UPN”. Pero en ningún momento Cristina Sanz los ha puesto en cuestión. Que yo sepa tales principios son los contenidos en los documentos programáticos –de los que mientras permanecí en UPN tuve el honor de  ser ponente– y que hacen referencia a la identidad de Navarra, a su foralidad histórica, a la vocación española del partido, a la defensa del humanismo cristiano, a la concepción liberal de la actividad económica, a la promoción de la justicia, a la lucha contra la marginación social o al rechazo a cualquier atentado contra la vida. Ahí está la sustancia ideológica del partido regionalista.

Las críticas de Cristina Sanz se han referido únicamente a la actual deriva de la política nacional de UPN que, en los últimos tiempos, viene apuntalando en las Cortes al Gobierno de Zapatero. Es legítimo opinar que ello supone vulnerar los compromisos asumidos con el electorado en las últimas elecciones generales.

Tampoco tiene sentido la acusación de “deslealtad” con  Yolanda Barcina. En la medida en que Cristina Sanz acuerda con la alcaldesa mantenerse en el grupo municipal no hay quebrantamiento de compromiso alguno. Además, en la política se está para defender principios y valores y no para rendir culto a la personalidad de nadie.

Y ahora un breve comentario sobre la naturaleza de UPN después del pacto de 1991. Es cierto que el PP se disolvió en Navarra y, por tanto, no se produjo una fusión de los dos partidos desde el punto de vista jurídico. Pero no es menos cierto que esta disolución se realizó a condición de mantener un régimen de colaboración estable y permanente entre ambos, de forma que “la presencia del PP en Navarra está garantizada en la acción política y electoral de UPN”. Los electores, al votar las listas de regionalistas, eran plenamente conscientes de que al depositar su voto a favor del partido regionalista, éste prestaría “su total apoyo a la política y objetivos del PP en las instituciones nacionales y europeas”.

Si UPN gobierna en coalición con un partido como el CDN, fruto de una traumática escisión, y colabora en Navarra con el Partido Socialista, no es de recibo que se expulse del grupo municipal a quien desde las filas del PP comparte los mismos principios y valores y sigue dispuesta a trabajar en él para el bienestar de los pamploneses.

Al margen de este asunto, el intento de linchamiento del PP navarro y de Mariano Rajoy por la lamentable acusación de insolidaridad financiera formulada por una consejera de Castilla y León me parece fuera de lugar. Con independencia de que la interesada ha pedido disculpas personalmente a su homólogo foral, conviene recordar que, gobernando Aznar, dos nuevos Convenios Económicos –los de 1997 y 2003– supusieron un extraordinario fortalecimiento de la autonomía fiscal de Navarra.

POST SCRIPTUM. Después del ultimátum del PSN -”o Sanz  (Cristina) o Barcina”-, UPN tiene ahora la ocasión de demostrar que es un partido soberano y no se somejte a chantajes de nadie. Aunque todo hace suponer que los socialistas han corrido en ayuda de Sanz (Miguel) en su pugna con la alcaldesa por el control real del partido. El PSN sigue la campaña de hostigamiento a la nueva presidenta de UPN para demostrar que sólo con Miguel Sanz (o con alguien de la línea antiPP) podrá mantenerse en el futuro la entente cordiale entre regionalistas y socialistas .

(Diario de Navarra, domingo 2 de agosto de 2009)

*Publica El Mundo un reportaje sobre los intérpretes contratados por el Senado para que en la Comisión de Autonomías los presidentes autonómicos con lengua propia se permitan el lujo de dirigirse a la Cámara en ella. Una jornada del grupo de siete intérpretes cuesta 6.500 euros. Cuando la lengua utilizada es el catalán o el gallego, los senadores de dichas Comunidades no necesitan intérprete, aunque sí el resto de sus compañeros. Cuando el idioma es el vascuence se ponen los cascos hasta los nacionalistas vascos. El Senado forma parte de las Cortes Generales, que representan al pueblo español. El idioma oficial –en el que todos se expresan y entienden– es el que entre nosotros llamamos castellano y que fuera es el español. Es una muestra del esperpento nacionalista al que se ha plegado el Senado. En la legislatura pasada, los diputados de ERC estuvieron a punto de conseguir que se les permitiera dirigirse al Congreso en catalán. Si algún día lo consiguen y los diputados tienen que seguir los debates con los cascos puestos, ese día España será menos España. Y, además, haremos el ridículo en el mundo.

*Cuando se debatió la Constitución se oyeron voces “progresistas” para que se consagrase como derecho fundamental el de ser juzgado por “el juez natural”. La consecuencia inmediata hubiera sido la desaparición de la Audiencia Nacional de manera que los terroristas vascos hubieran tenido que ser juzgados en el País Vasco. Al final se estableció que “todos tienen derecho al Juez predeterminado por la ley”. Viene todo esto a cuento de la supresión de la llamada “jurisdicción universal” que acaba de ser limitada a los casos en que haya víctimas españolas, cuando se trate de juzgar crímenes contra la humanidad, cualquiera que sea el lugar donde se hubieran cometido. La jurisdicción universal tiene sentido cuando los acusados por este tipo de delitos son juzgados por un tribunal penal internacional el de La Haya. En tal caso, el juicio es factible porque el Estado en el que se hubiera cometido el delito tiene el deber de cooperar con el tribunal y, por tanto, ha de facilitar las pruebas necesarias (documental, testifical, pericial, etc.). Pero cuando no es así, los jueces españoles no tienen ninguna potestad para requerir la colaboración del Estado al que pertenezca el acusado aun en el caso de que se consiga su detención dentrro o fuera de España. Si los tribunales no pueden oír a los testigos o recabar otras pruebas de cargo el enjuiciamiento se realizará sin las debidas garantías y, en consecuencia, se producirá una vulneración de los derechos fundamentales que proclama la Constitución. Los “progresistas”, que de vez en cuando invocan el derecho al “juez natural”, se contradicen cuando se rasgan ahora las vestiduras ante la reforma que acaba de aprobar el Congreso para limitar el alcance de la jurisdicción universal. 

*Dicen que la vida privada no tiene por qué interferir en la vida pública. Lo que ocurre ahora en Italia demuestra que no es así. Que el primer ministro Berlusconi se comporte como un crápula y llegue hasta el ridículo de decir que a él lo que le gusta es el placer de la conquista y que jamás se hubiera acostado con una prostituta, cuando se ha sabido que las jóvenes que asistían a sus juergas en su propia residencia oficial eran cortesanas de lujo, convierte a Italia en un país de charanga y pandereta. Enredado en sus líos de faldas, difícilmente Berlusconi está en condiciones de ocuparse de los grandes problemas de Estado y eso sin contar con que en este asunto no acabe por asomar la corrupción.   Hay que ser cretino para pensar que sus “conquistas” obedecen a su varonil galanura y no a lo abultado de su cartera o de su poder. La vida privada si afecta a la vida pública. La opinión pública italiana está amordazada por el férreo control de los medios de comunicación que posee “Il Cavalieri” cuya conducta, por cierto, es impropia de la de un caballero. Si Berlusconi es el paradigma de la derecha europea tengo la impresión de que el mundo está loco. Así que paren, que me bajo.

Cuando el primer gobierno de Rodríguez Zapatero, a propuesta del entonces ministro de Defensa, José Bono, nombró a Alberto Sáez para desempeñar la dirección del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sin más mérito que haber sido consejero de Industria durante su último mandato como presidente de Castilla-La Mancha o el de ser, según se dijo, su cuñado, hubo voces que censuraron su nombramiento por considerar que se trataba de una persona escasamente cualificada para desempeñar una función de tantal importancia para la seguridad de España.

Alberto Sáez acaba de ser renovado en su cargo por el presidente Rodríguez Zapatero, a propuesta de la ministra de Defensa Carmen Chacón, a pesar de que la valoración de la gestión de Sáez no puede ser más negativa. El CNI aparece con demasiada frecuencia en los medios de comunicación por sus conflictos internos y las luchas de poder en su seno, sin que la opacidad que, por razones obvias, debe presidir sus actuaciones haya bastado para acallar las voces críticas.

Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la demoledora información que el diario El Mundo viene ofreciendo a sus lectores en los últimos días sobre la utilización abusiva de su cargo por el director del CNI. El periódico de Pedro J. Ramírez no ha hecho otra cosa que hacerse eco de denuncias facilitadas  por directivos y agentes del Centro. Se le acusa de de gastar 350.000 euros en su residencia personal, con mano de obra proporcionada por el servicio de inteligencia; ordenar a un grupo de nuestros “espías” la limpieza de su piscina particular; utilizar para sus cacerías un vehículo “todoterreno” propiedad del CNI y guardar las piezas que mata (ciervos, venados, jabalíes, etc.) en frigoríficos de la Casa; irse de pesca al Senegal utilizando medios públicos llegando incluso a falsear una de las fotografías en las que aparecía exhibiendo una de sus capturas; y, por último, “pinchar” el teléfono de la asistenta de un amigo porque, al parecer, hablaba mucho con su novio.     

El Partido Popular ha exigido su comparecencia en el Congreso y pero Sáez pretende hacerlo pero en una sesión a puerta cerrada, como si las explicaciones que está obligado a dar tuvieran la consideración de secretos oficiales.

Entre todas las irregularidades denunciadas hay una de especial gravedad. Se trata del pinchazo telefónico de la asistenta de su amigo. El secreto de las comunicaciones privadas es un derecho constitucional, que sólo puede ser levantado si lo autoriza un juez y con una causa justificada.

Si todo esto es cierto, quiere decir que los poderosos medios de inteligencia con que cuenta el CNI podrían estar a merced del capricho de su director –o de sus agentes– para espiar a cualquier ciudadano lo que constituye una intromisión ilegítima en su privacidad.

Se ha denunciado asimismo que podría ocurrir algo semejante en la Guardia Civil y la Policía Nacional, que cuentan también con los más sofisticados medios de intervención de las comunicaciones telefónicas o de las que se realizan a través de Internet.

Estos lamentables hechos deben ser investigados. Ahora bien, ¿quién controla al controlador? Si, como proclama el artículo primero de nuestra Constitución, España es un Estado de Derecho los poderes públicos tienen la obligación de garantizar los derechos constitucionales. Ni el CNI, ni la UCO, ni la UDYCO ni ningún otro servicio de seguridad pueden funcionar como poderes autónomos inmunes al control del Parlamento. Algo hay que hacer. Todo menos permanecer impasibles ante semejante atropello.

Quienes se dedican al derecho matrimonial saben muy bien que la mayoría de los divorcios distan mucho de ser civilizados. Sólo una minoría es capaz de dar por finalizado el matrimonio de una manera amistosa. En el resto de los casos, los  reproches mutuos, la pelea por el reparto de los bienes comunes y, aun la utilización de los hijos como arma arrojadiza, es por desgracia lo habitual.  

La experiencia dice también que, en política, los divorcios distan mucho de ser pacíficos. Por mucho que se trate de guardar las formas, al final la ruptura significa que los “cónyuges” compiten por conseguir quedarse con la custodia de los “hijos” –los electores– y eso genera entre quienes ayer eran amigos y hoy se comportan como adversarios una profusión de golpes y contragolpes, que por fortuna no suelen pasar del puro terreno dialéctico. 

Traigo a colación todo esto a cuenta del divorcio entre UPN y el PP. Es verdad que en las dos partes hay voces conciliadoras, que tratan de apaciguar los ánimos y limar aristas para recordar sólo los buenos momentos vividos en común. Sueñan con la reconciliación y por eso tratan de olvidar los días aciagos de la ruptura. Están convencidos de que mantener por más tiempo la discusión de quién tuvo la culpa no conduce a ningún lado. Pero por desgracia no siempre impera la templanza. 

Las elecciones europeas podían haber sido una oportunidad para el reencuentro. Todavía estamos a tiempo. UPN no se presenta y el  PP ha incluido en la lista a un candidato navarro que nunca estuvo afiliado al partido regionalista ni tuvo responsabilidad alguna en la ruptura. El programa electoral del PP contiene los principios y valores que sustenta UPN. El futuro eurodiputado navarro defenderá en Estrasburgo la identidad de Navarra, nuestra foralidad histórica y el régimen de Convenio Económico. Y si la alta abstención facilita al brazo político de ETA el acceso al Parlamento Europeo, sabrá desenmascarar las falacias euskalherríacas y combatir la dialéctica del terror. A pesar de todo ello, la actual dirección de UPN no está dispuesta a apoyar al PP. Así que habrá que esperar al día 7-J para conocer el inapelable veredicto de los electores.  

Entre tanto, me ha parecido útil recordar los tiempos en que UPN y el PP eran un matrimonio ejemplar. Me refiero al período comprendido entre 1996 y 2004, es decir, el de los gobiernos de José María Aznar.  El balance no pudo ser más satisfactorio para Navarra. Los Convenios Económicos de 1997 y 2003 fortalecieron la autonomía financiera de nuestra Comunidad. Se desbloqueó, después de siete años de parálisis, el proceso de transferencias. Se firmaron numerosos convenios de colaboración, entre los que destaca el impulso definitivo a las obras de Itoiz y del Canal de Navarra que hoy avanza al ritmo previsto gracias a que el Gobierno del PP desembolsó la totalidad de las cantidades que correspondían al Estado, hacia la Ribera. Se consiguió que la conexión Zaragoza-Pamplona –que no estaba en los planes de desarrollo del AVE del último Gobierno de Felipe González- figurase en la planificación prevista para el período 2000-2007. El acuerdo de infraestructuras del finales de 2002 incluía el compromiso del Estado de construir el corredor de alta velocidad con cargo a los presupuestos generales del Estado, que entraría en servicio en el 2010. (Por cierto, en el año 2003, último año del PP, se pusieron los pilares para la realización de esta gran obra de infraestructura, interrumpidos hasta ahora por la ministra Álvarez). En el acuerdo se incluyó una serie de obras, que hoy están en ejecución –aunque con retraso sobre los plazos previstos– como la autovía Tudela-Medinaceli, la de Pamplona-Jaca y la vía de gran capacidad Pamplona-Francia. Se concertó la ampliación y nueva terminal del aeropuerto de Noáin. Se formalizó el convenio de la nueva cárcel de Pamplona. Se incluyó a Pamplona en el Plan Urban, factor clave de la espectacular transformación de la ciudad. Se cubrió el velódromo Miguel Induráin de Tafalla. Se revirtieron a Estella los terrenos del cuartel Primo de Rivera. Se inició la restauración de las murallas de Pamplona. Todo esto, unido a la eficaz política económica del Gobierno Aznar, permitió a Navarra alcanzar  el pleno empleo (5,9 por 100 de paro en 2004 frente al 14 por 100 en 1996). Y en ese último año la renta per cápita de Navarra superó en 27 puntos la media nacional y estaba 8 puntos por encima de la media europea.  

He aquí el fruto del gran esfuerzo de concertación entre el Gobierno de la nación y el de Navarra con la colaboración –decisiva- de los diputados y senadores de UPN-PP en las Cortes Generales. Al recordarlo siento la nostalgia de los tiempos felices. Será que me estoy haciendo mayor.

Escribo este comentario con indignación a duras penas contenida ante la noticia de que la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los dos policías que el juez Del Olmo encarceló durante veinticuatro días por una acusación falsa, urdida por la Sección de Asuntos Internos de la Policía. El Tribunal sentencia que Del Olmo actuó con falta de “ponderación, equilibrio y mesura”. ¿Puede en tales condiciones un juez seguir impartiendo “justicia”?

El asunto tiene una gravedad extraordinaria. El juez Del Olmo debería responder por tan injusto proceder. Además ¿quién compensa a Celestino Rivera y a Antonio Parrilla por los veinticuatro días de privación de libertad, que es el bien más preciado de toda persona? ¿Cómo se puede reparar el tremendo daño causado por el linchamiento mediático del que fueron objeto por parte de la prensa gubernamental?

Por otra parte, ¿cómo es posible que Asuntos Internos hubiera llegado hasta el extremo de montar una acusación falsa para enmarañar el hecho de que hubiera un grupo de policías corruptos que podrían estar traficando con Goma 2 ECO, como si todo hubiera sido un montaje de El Mundo? ¿Qué confianza podemos tener los ciudadanos en la recta actuación de quienes tienen como principal misión proteger los derechos y libertades fundamentales? ¿A qué esperan el ministro Rubalcaba y la Fiscalía para tomar cartas en ete turbio asunto? ¿Acaso no es el nuestro un Estado de Derecho?

A las 12 del mediodía del 11 de marzo de 2004, la cúpula policial se reunió en la sede del ministerio del Interior, bajo la presidencia de Ignacio Astarloa, secretario de Estado de Seguridad, para hacer un análisis de la situación creada por el terrible atentado y evaluar los datos existentes sobre la autoría del mismo. Los responsables policiales informaron que todo apuntaba a ETA. Se trataba de una deducción basada en los antecedentes: la desarticulación en el año 2002 de la llamada “caravana de la muerte”, cargada con 1.700 kilogramos de explosivos para atentar contra la Torre Picasso de Madrid; el intento, también frustrado por la policía, de hacer volar dos trenes en la estación de Chamartín el 24 de diciembre de 2003; la colocación fallida de doce artefactos explosivos en la estación invernal de Baqueira-Beret durante la Navidad de 2003; y, sobre todo, el más reciente, la mortífera furgoneta-bomba intervenida pocos días diez días antes, con 536 kilos de explosivos en la localidad de Cañaveras, que demostraba la voluntad de la banda terrorista de producir un sobrecogedor atentado en Madrid. 

En torno a los 12,30, y a punto de concluir la reunión, se produjo otro hecho de especial relevancia. El subdirector general de la Policía, Pedro Díez-Pintado recibió, una llamada a su móvil del comisario general de seguridad ciudadana de la Policía. Todos los presentes pudieron escuchar a Díez-Pintado cómo repetía la información que le facilitaba Cuadro sobre el explosivo utilizado por los terroristas: “Titadyn con cordón detonante”. Verde y con asas. Era ETA. En 1999, los etarras habían asaltado un polvorín en Francia y se llevaron varios miles de kilos de dinamita de la marca francesa Titadyn. Desde entonces no habían hecho uso de la Goma 2 española. (Cuadro negaría más tardem ante la Comisión de Investigación del Congreso, haber pronunciado la palabra Titadyn). 

A la misma hora que Ignacio Astarloa comunicaba al ministro Acebes las conclusiones de la reunión, el juez Baltasar se hallaba en la estación de Atocha. Según confesó él mismo ante la Comisión de Investigación del Congreso, uno de los Tedax le informó que el explosivo utilizado había sido Titadyn. Esto le hizo tambalear en su convicción inicial de  que Al Qaeda había sido la autora del atentado. ¿En que se basó su informador? No lo sabemos, porque ni Garzón quiso revelar quién fue y el que lo hizo guarda silencio sepulcral. 

A las 15,51 horas del día 11 de marzo, el CNI emitió una nota informativa –que no fue rectificada hasta el día 15–, en la que sostenía que, con toda probabilidad, el atentado había sido obra de ETA, entre otras razones porque no había terroristas suicidas. Es más que probable que en esta última argumentación del CNI, cuyo informe fue remitido al secretario general del PSOE, estuviera el origen de la falsa noticia difundida por el propio Rodríguez Zapatero a diversos medios de comunicación, entre ellos “El Mundo”, sobre la aparición de suicidas, circunstancia que el Gobierno estaba ocultando. Recuérdese cómo la cadena SER, en su boletín de las diez de la noche,  difundió a los cuatro vientos que había aparecido el cadáver de  un terrorista suicida (triples calzoncillos blancos incluidos) dato que, por sí solo, desmentía la autoría de ETA y apuntaba directamente Al Qaeda. A partir de ese momento se inició la operación “queremos saber”, que puso contra las cuerdas al Partido Popular. Eso sí, la curiosidad intelectual de la izquierda española cesó en el mismo momento en que, al caer la tarde del 14 de marzo, se conoció la victoria socialista. 

A primeras horas de la tarde del día 11 de marzo, la Policía tuvo acceso al contenido de la famosa furgoneta Kangoo abandonada por los terroristas en  Alcalá de Henares. Además de una cinta con versículos del Corán y un montón de detonadores, apareció un minúsculo resto de un cartucho de dinamita, que resultó ser Goma 2 Eco. Pero esta información no fue conocida hasta el 15 de marzo, fecha en la que la Unidad Central de Desactivación de Explosivos se lo comunicó al juez Del Olmo.  La Titadyn acabó su trágico reinado a lo largo de la mañana del día 12.

Un valeroso miembro de los Tedax consiguió desactivar la mochila introducida la noche anterior en la comisaría de Vallecas. En su interior, además del teléfono que condujo a la detención de Jamal  Zougam, se encontraron varios cartuchos de dinamita de la marca española Goma 2 ECO. En consecuencia, por aplicación del método deductivo, la autoría de ETA se desvanecía por cuanto desde 1999 la banda no había utilizado este tipo de explosivo. La mochila ofrecía otro dato interesante. Los terroristas habían introducido varios kilos de clavos para aumentar el efecto mortífero del explosivo. Pero sólo lo hicieron en esta mochila, pues según el informe de la directora del equipo forense que efectuó las autopsias no apareció ni rastro de metralla en ninguno de los cadáveres. 

Pues bien, el informe hecho público por El Mundo, elaborado por el químico Antonio Iglesias, que participó en la pericia ordenada por el tribunal de la Audiencia Nacional para analizar las minúsculas muestras de los focos de explosión recogidas por los Tedax (recuérdese que los trenes fueron destruidos dos días después del atentado, contraviniendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal), concluye que el explosivo utilizado fue, con toda probabilidad, Titadyn. Este hallazgo trascendental no fue puesto en conocimiento del tribunal.  

El relato de Iglesias, avalado por otro perito independiente, Carlos Romero, sobre las fuertes discusiones entre los peritos y las presiones ejercidas por el comisario general de Policía Científica, Juan Jesús Santano, pone los pelos de punta. El descubrimiento de que tanto el resto de explosivo encontrado en la furgoneta Kangoo como la muestra patrón de la Goma 2 Eco facilitada por los Tedax provenía del mismo cartucho; el increíble “apagón” de luz, que impidió que funcionaran durante una noche entera las cámaras de video colocadas en el laboratorio pericial por orden del magistrado Bermúdez de Castro y a partir del cual aparecieron otros componentes que no se habían detectado en análisis anteriores; y la desesperación del director de la pericia al descubrirse la presencia de DNT, que no forma parte de la Goma 2 Eco, parecen piezas de un sainete de Arniches, si no fueran hechos de una gravedad extrema porque afectan al núcleo esencial de la sentencia del 11-M.  

El presidente del Gobierno, en el reciente debate sobre el estado de la nación, se permitió decir que en el 11-M el tiempo ha puesto en su sitio a las teorías de la conspiración aunque  algunos la mantengan, como quienes dicen que Elvis está vivo o que el hombre nunca llegó a la Luna. El asunto no es para tomarlo a chirigota. Son tantas las contradicciones y las lagunas -por decirlo suavemente- de la “versión oficial”, que resulta temerario afirmar que de la masacre de Madrid se sabe todo y ha de darse el caso por definitivamente cerrado. Otra cosa es que la mayor parte de la opinión pública no quiera saber nada del 11-M y que los partidos políticos piensen que removerlo a estas alturas no produce réditos electorales.  

Ante el informe de Iglesias, la Fiscalía no puede mirar para otro lado. Tiene la obligación de abrir diligencias informativas y, en su caso, poner en marcha las acciones penales que procedan. Y el Congreso tampoco puede eludir su responsabilidad. La Comisión del 11-M se cerró en falso porque no se quiso investigar la actuación de los diversos cuerpos policiales y de inteligencia antes y después del 11-M.

Goma 2 Eco. Esas palabras cambiaron la historia de España. ¿Qué hubiera pasado si entre el 11 y el 14 de marzo nadie hubiera tenido duda alguna de que el explosivo utilizado por los terroristas era Titadyn? La respuesta está al alcance de cualquiera, incluso para Rodríguez Zapatero.

Mientras tanto, las víctimas del atentado –los familiares de los asesinados y quienes  sobrevivieron al atentado marcados para siempre con graves secuelas físicas y psíquicas– son las únicas que no han dejado de gritar: “¡Queremos saber!”. Tenemos la obligación de no abandonarlas. 

*Publicado en el diario El Mundo, 20 de mayo de 2009

Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario en virtud de un juicio justo, rodeado de todas las garantías procesales. En eso consiste el derecho a la presunción de inocencia amparado por nuestra Constitución. Que el derecho existe no tiene duda. Sin embargo, en España, éste y otros derechos de salvaguarda de la libertad y de la seguridad de las personas, son sistemáticamente quebrantados.

Las filtraciones del sumario, por ejemplo, tienen el efecto perverso de provocar la apertura de un juicio paralelo -o mejor, linchamiento mediático- en el que la opinión pública dicta sentencia, las más de las veces condenatoria, dando por supuesta la veracidad de lo publicado. Todo ello genera una radical y absoluta indefensión.

Junto a la presunción de inocencia hay otros derechos conexos que suelen ser violados con demasiada frecuencia. Es el caso del derecho a ser informado de la acusación que justifica la apertura de diligencias penales y de la prohibición de instrucciones generales para investigar toda la vida y milagros de una persona a partir de la denuncia -a veces anónima- de un hecho delictivo concreto.

Hace unos días se publicó la noticia de que la UCO de la Guardia Civil, de quien se dice que es nuestro ‘Gran Hermano’, junto al CNI y la UDYCO de la Policía Nacional, recorre los comercios de una ciudad mediterránea en busca de pistas que permitan probar que el ex presidente de la Comunidad gastó sumas millonarias en decoración y obras de arte. No consta que se haya iniciado ninguna investigación judicial contra el ex presidente. Pero se sabe que la Fiscalía lo tiene en su punto de mira y que ha abierto una verdadera causa general contra él, sin que el interesado haya sido informado de semejante proceder. Más aún, son muchos los cargos políticos no socialistas que tienen la sensación de encontrarse bajo sospecha generalizada. La mayoría están convencidos de son objeto de escuchas ilegales. Lo peor de todo es que la Fiscalía anticorrupción no hace nada para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, que es su primer deber.

A esto se añaden las detenciones espectaculares de personajes públicos, generalmente siempre del PP, realizadas ante las cámaras de televisión y con un despliegue impresionante de medios policiales. Los detenidos, después varios días incomunicados, suelen acabar en prisión preventiva ante la “alarma social” que genera la gravedad de su conducta. En bastantes casos, todo queda en nada, aunque mucho tiempo después. Pero el gravísimo quebranto producido en el honor de la persona víctima de semejante linchamiento queda absolutamente impune.

Pues bien, el actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional, es un firme defensor de la presunción de inocencia. Escribió Caamaño (’La garantía constitucional de la inocencia’, 2003) que la Constitución de los Estados Unidos de América prohíbe expresamente a las fuerzas de orden público “iniciar averiguaciones sobre la vida de las personas sin una ‘probable cause”. Se trata de impedir que “un ciudadano pueda verse sometido indebida e innecesariamente a una investigación policial y a un ulterior proceso judicial (lo que entre nosotros denominaríamos pena de banquillo”.

Advierte Caamaño que en nuestra Constitución no existe una garantía semejante a la norteamericana. “Por el contrario, el riesgo de una instrucción general, esto es, de una investigación genérica (sin ‘probable cause’) de la vida de una persona, tendente a la búsqueda de una hipotética conducta ilícita inicialmente desconocida, se produce no sólo en relación con la actuación policial, sino -y esto es lo realmente grave- dentro de la propia instrucción judicial, de suerte que el Juez Instructor, lejos de operar como garantía frente a instrucciones generales puede convertirse, mediante un uso indebido de sus facultades, (y así actúa, en mi opinión, cuando acuerda abrir las denominadas diligencias indeterminadas), en el primero y más peligroso inquisidor”.

Pero esta omisión constitucional “no significa que esa garantía no exista en absoluto”. “En mi criterio -añade Caamaño-, la prohibición de instrucciones generales es una garantía ínsita al derecho fundamental a ser informado de la acusación que no se limita a operar como un genuino derecho de defensa vinculado al principio contradictorio sobre el que debe articularse el proceso penal…; es también, y sobre todo, un derecho previo, presupuesto de aquél, y por el que el ciudadano tiene que saber, no ya los contenidos de la acusación sino, más sencillamente, la mera existencia de las diligencias judiciales iniciales… Se trata, también, de que con anterioridad, conozca la sola existencia del proceso, de modo que éste no pueda seguirse a sus espaldas”.

Caamaño debería desempolvar su propia doctrina. Como ministro de Justicia tiene ahora la oportunidad de impulsar la introducción en nuestro ordenamiento jurídico y nuestra praxis judicial y policial las reformas legales y las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales. Asimismo, está en su mano evitar que algunos jueces y fiscales anticorrupción se conviertan en peligrosos inquisidores que, so pretexto de luchar contra ese gran cáncer de nuestra democracia que es la corrupción, vulneren los derechos fundamentales de personas que, aunque sean políticos, tienen derecho al honor y a la presunción de inocencia.  

Javier Arzallus, que tras segar la hierba bajo los pies de Carlos Garaicoechea consiguió no sólo echarle de su cargo de lehendakari vasco sino convertirse en presidente del Euskadi Buru Batzar, máximo órgano del Partido Nacionalista Vasco, desde el que gobernó el País Vasco sin someterse jamás al veredicto de las urnas, ha amenazado con una “rebelión” sin precedentes desde la Transición, ante lo que llama “acoso de PSOE y PP” al nacionalismo vasco que, según él,  falta incluso a los “mínimos democráticos”. Además, considera que el PNV “se debe plantear no participar en unas elecciones españolas”.

En una entrevista con El Temps recogida por Efe, Arzalluz ha dicho: “Llegados hasta aquí, el PNV se tiene que plantear no participar en unas elecciones españolas. Es decir, ha llegado el momento de decirle a Madrid que de esta manera, no. Ellos han roto la baraja. Si faltan los mínimos democráticos, si incluso gobiernan aquí rompiendo intencionadamente los mínimos democráticos, pues hay que decirles que ya basta”. Arzalluz ha reconocido que un plante del PNV en unas generales abocaría a un “escenario de confrontación total con el Estado”, ya que “esto no sólo lo haría el PNV”. “También lo harían todas las fuerzas nacionalistas de aquí. Por lo tanto tendría a todo el nacionalismo vasco al margen de las instituciones españolas. Y esto es muy grave”, ha afirmado.Según Arzalluz, si PP y PSOE “continúan por este camino, no tendremos más remedio que hacerlo, porque ellos pueden ir a unas elecciones modificando las leyes a su favor siempre que pueden”, en alusión a la ley de partidos que ha conducido a la ilegalización del brazo político de la organización terrorista ETA. .”Esto no se puede tolerar y si continúan haciendo estas cosas, habrá una rebelión. Y será lo más grave que ha pasado desde la Transición”. Y se ha quedado tan ancho.

El PNV afirma una y otra vez que “por primera vez” va a haber un lehendakari sin mayoría en las urnas. Olvida que jamás hubo un lehendakari que contara con mayoría absoluta y siempre necesitó el apoyo de otros grupos, incluidos los corifeos de ETA.

El hecho de que los constitucionalistas se unan para conformar un gobierno de mayoría parlamentaria es una opción plenamente democrática. El respeto a la Constitución y la defensa del Estatuto de Guernica son cuestiones esenciales que unen a quienes se presentaron a las elecciones propugnando el cambio político en el País Vasco. Los nacionalistas olvidan que la alternancia está en la esencia de la democracia.

Cuando en Navarra se alzaron voces contra la coalición del PSN con Nafarroa Bai no se atacaba la legitimidad de ese gobierno, que hubiera contado con la mayoría parlamentaria suficiente para gobernar,  sino porque se trataba de una alianza “contra natura” por cuanto socialistas y nacionalistas discrepan sobre el fundamento mismo de nuestra convivencia democrática en Navarra basado en la Constitución y en el Amejoramiento del Fuero.