Los plataneros canarios están que trinan, y con razón. En los últimos años la Unión Europea ha ido cediendo continuamente ante los bananeros latinoamericanos; es decir, ante las multinacionales estadounidenses que controlan la banana, aunque vendan que se hace en favor de los pequeños campesinos de países en desarrollo.

El arancel para la entrada de banana de Latinoamérica a la UE ha caído de manera vertiginosa, y se situará en unos años en 114 euros/tn. Una nimiedad totalmente salvable gracias a los bajos costes de producción que tienen, lo que les permite inundar literalmente el mercado comunitario tirando de los precios a la baja. Esto está conllevando pérdidas millonarias a los plataneros europeos, entre ellos los canarios.

Pero no pasa nada, la Comisión se ha hecho cargo de la situación y ha decidido tomar medidas: propone dar 190 millones de euros en ayudas… atención… a los países ACP (del área África, Caribe y Pacífico). Resulta que éstos, por sus especiales condiciones, ya tienen arancel libre, pero lógicamente también les afecta la bajada de impuestos a la banana americana.

Pero claro, si esto perjudica a los ACP también dañará a los europeos, ¿no? Pues no lo deben pensar así Durao y sus muchachos, que mientras se bajan los pantalones en la OMC ante los bananeros tienen tiempo para estirar la mano y echársela al cuello a los plataneros canarios. Para que luego haya quien diga que no son capaces de hacer dos cosas a la vez…

Toda vez que el presidente del Gobierno parece darse cuenta de los serios problemas que atraviesa la economía española –paro, déficit insostenible, deuda disparada…- que amenazan el futuro del país a corto, medio y largo plazo, y parece dispuesto a tomar algunas medidas, no está de más recordarle que algunas de ellas deben contemplar soluciones para el campo y la agroindustria.

Si en general el panorama es delicado, en el sector agrario la situación es límite: el desempleo ha crecido un 30% en el último año; la renta agraria va en caída libre; los precios en origen marcan cotizaciones que no cubren los costes; algunos gastos necesarios marcan subidas desproporcionadas, como la factura eléctrica; y, para rematar, en el horizonte se avistan nuevos recortes de ayudas e incertidumbre ante los desplantes de los 27 con la PAC.

Por ello es necesario que se articule cuanto antes el Plan de Choque al que Zapatero se comprometió con las organizaciones agrarias. Y, unido a las posibles medidas coyunturales que contemple, es el momento de introducir cambios estructurales que permitan al sector adaptarse a los requerimientos del mercado del siglo XXI, y que pasan por ganar en dimensión, mejorar la competitividad, concentrar la oferta y apostar en mayor medida por productos que no tengan que competir exclusivamente en precio, ya que siempre habrá países que los ofrezcan más baratos.

Es posible que en esa tarea el Gobierno se encuentre con no pocas reticencias dentro del propio sector, pero es su responsabilidad llevarla a cabo. Y para ello es necesario un pacto con la oposición política, las CCAA y las organizaciones agrarias. A todos hay que exigirles altura de miras antes de que la inacción acabe por sumir aún más al agro en un callejón sin salida.

(Editorial de agrocope.com) 

Lo malo de que sea el semestre español de la UE es que las sandeces que sueltan nuestros políticos tienen algo más de eco en Europa y nos calan mejor nuestros vecinos, que deben andar con los pelos de punta o buscando la cámara oculta.

La penúltima es del eurodiputado socialista español, que además es vicepresidente del Parlamento Europeo, Miguel Ángel Martínez. Para defender el nuevo acuerdo agrícola con Marruecos en el que cedemos de forma vergonzosa a todas sus peticiones, sólo se le ocurre decir que si no les dejamos exportar productos “la última alternativa que les queda a sus ciudadanos es subirse a una patera”. Con un par.

Ahora resulta que haciéndoles la puñeta a los agricultores españoles acabamos con la inmigración ilegal. Y yo pensando que era un problema inmensamente más complejo. Lo peor es que lo ha soltado en el acto en el que España presentaba en la Eurocámara las prioridades agrícolas de la Presidencia. Habría pagado por ver la cara de los asistentes.

A mí se me ocurre una solución aún más brillante: ya puestos a traer de fuera, podemos comenzar por importar vicepresidentes de Parlamentos. Mejor nos iba. Fijo.

El sector español del tomate se alza en armas contra el nuevo acuerdo entre la UE y Marruecos, por el que nuestros vecinos del sur podrán vender mucho más tomate en condiciones preferenciales en el mercado europeo.

De todas formas no entiendo el enfado, porque creo que los marroquíes ni siquiera conocen el cupo del que disponen ni el precio preferencial: les trae al fresco. Exportan a la UE lo que les viene en gana y al precio que les conviene, pasándose por el arco del triunfo lo pactado.

¿Por qué se permiten esa chulería? Porque saben que Durao Barroso y sus muchachos (empezando por los 27 jefes de Estado, incluida España) no les van a molestar: esto es sólo una pequeña pieza, casi sin valor, en comparación con el conjunto de acuerdos comerciales que permiten a otros sectores europeos ventajas de gran calado.

Es decir, que con el cheque de los agricultores se pagan los festines de otros segmentos industriales. Por eso se lo permiten, por eso.

RECIPROCIDAD FITOSANITARIA (Editorial de agrocope.com)

La Comisión Europea acaba de aprobar la nueva normativa fitosanitaria que entrará en vigor a finales de año, aunque contará con una moratoria de hasta 18 meses para que empresas y agricultores tengan tiempo para adaptarse y hacer la transición.

Es cierto que la opinión pública europea demanda cada vez más actuaciones que garanticen la seguridad alimentaria y el respeto medioambiental, por lo que a priori es importante que las leyes se vayan adaptando a los nuevos tiempos, pero no es de recibo que la maquinaria legislativa de Bruselas arrolle a toda una industria seria y responsable que lleva mucho tiempo invirtiendo e investigando para ofrecer productos con todas las garantías.

Y es que la normativa nace con la oposición frontal de las empresas fitosanitarias europeas y de los propios agricultores, que temen que tanta limitación provoque pérdidas millonarias en concepto de plagas que acaben con buena parte de la producción.

En este caso, la ley no debe ir por delante de una tecnología que protege los cultivos, menos cuando se avanza continuamente –a costa de grandes inversiones- para reducir cualquier tipo de impacto medioambiental.

A todo esto se le añade una circunstancia que deja aún más indefenso a todo el sector comunitario, y es el hecho de que no existen las mismas exigencias para productos alimentarios procedentes de terceros países, de forma que por un lado se le pone una zancadilla a la potente industria fitosanitaria europea y por otro no se avanza en la defensa del consumidor.

Bruselas ha perdido una oportunidad para aunar los intereses de la sociedad con las demandas razonables del sector agrario. Desgraciadamente no es la primera vez y mucho es de temer que tampoco será la última.

Los empresarios de la fresa buscan mil jornaleros locales

Resulta que para la campaña de la fresa en Huelva faltan unas 2.500 plazas. La Consejería de Empleo andaluza contacta con 13.500 parados de la propia provincia para cubrir las vacantes. Y no llama a cualquiera, sino a los 13.500 desempleados inscritos en el Sistema de Gestión de Empleo Agrario o pertenecientes al Régimen Especial Agrario.

En mitad de una crisis brutal se da por hecho que habrá tortas por conseguir un trabajo… o no; el resultado es el siguiente:

-De 13.500 sólo 6.000 responden a la citación

-De esos 6.000 sólo se presentan el día que toca 3.000.

-De esos 3.000 se contrata a 1.500…

…y faltan 1.000.

Eso sí, sindicatos y algunas organizaciones sociales ya han cargado el muerto a la Consejería por defectos en las citaciones y otras excusas similares. Y que nadie diga lo contrario porque, según el presidente de Comisión Onubense de Municipios con Inmigración, “se ha dado la sensación de que la gente no quiere trabajar. Eso es falso”, dice.

Que no se preocupe: yo creo que nadie tiene esa sensación… ¿Por qué habría que tenerla?

Lo que pagamos por el café de las mañanas cada día en el bar, es lo que, comprando directamente a un agricultor nos costarían quince kilos de patatas o nueve de melocotones.

No dejan de denunciarlo las organizaciones agrarias, la última UPA, ayer en Madrid. Los consumidores pagamos hasta seis veces más que lo que reciben nuestros agricultores o ganaderos por su producto, pero no se puede hacer nada, así son las reglas del libre comercio, que en teoría, impiden una Ley de Márgenes Comerciales, que acabe con los abusos de la distribución.

Mientras tanto, el sector ve cómo el trabajo de todo un año, se queda, nunca mejor dicho, tirado en el campo. Como diría el ex-presidente del Congreso, Federico Trillo, ¡manda huevos!

Rose Mary Acedo

Asaja alerta de la presencia de topillos en el norte de la provincia de Ávila

Hace un par de años los agricultores de Castilla y León sufrieron cuantiosas pérdidas debido a la brutal plaga de topillos que asoló los campos, arrasando miles de hectáreas y llevándose consigo buena parte de las cosechas. Ya entonces las organizaciones agrarias llevaban meses advirtiendo de un problema al que la Consejería de Agricultura de Castilla y León no hizo ningún caso durante meses… hasta que fue tarde, muy tarde.

Esa dejadez de funciones inicial de la consejería conllevó que los daños se multiplicaran y tuviéramos que asistir a imágenes tan lamentables como las de campos tomados literalmente por roedores que acababan con todo a su paso.

Nuevamente ASAJA-Ávila alerta de la presencia de topillos en la provincia… y otra vez la consejera Silvia Clemente habla de “normalidad”. Qué quieren que les diga, no sé si la situación será normal o no, es posible, pero los agricultores están inquietos y los antecedentes no animan al optimismo. Así que no está de más tener en cuenta las denuncias de ASAJA e incrementar la vigilancia antes de descartar nada.

España no se libra de las multas al lino

El tribunal de Primera Instancia de la UE ha fallado a favor de la multa que la Comisión Europea puso a España por “fraude generalizado” en todas las ayudas al lino en los años 1998 a 2000. En total la broma nos va a salir por casi 130 millones de euros, y eso a pesar de que la Audiencia nacional española absolvió en su día a todos los implicados, dando carpetazo al asunto como si aquí no hubiera pasado nada.

Sé que es un asunto tabú en el sector agrario y que casi nadie quiere hablar de él. Pero a pesar de ello voy a hacerlo, y no aporto nada nuevo. El hecho es que desde que se comenzaron a dar jugosas subvenciones por sembrar lino la superficie creció de manera exponencial en un cultivo cuya salida al mercado era muy poco rentable. Pero a eso ayudó la propia UE, que concedía la ayuda por sembrar y transformar el lino, no por comercializarlo, lo que dio lugar a que una vez salía de la fábrica se abandonaba.

Pero hubo quien quería más: ya puestos se justifica que se ha sembrado y transformado mucha más cantidad de la real y a forrarse, se dijo más de uno, y a esa tarea se dedicaron, por mucho que sus señorías de la Audiencia Nacional digan que aquí paz y después gloria.

Y entonces se puso en marcha un sistema en el que colaboraron agricultores, transportistas, algunas fábricas transformadoras y personajes de relevancia de distinto pelaje, que eran los que movían los hilos. Hasta que saltó la liebre. Mucho lino para un país y demasiada transformación para tan poca fábrica, concluyeron en Bruselas, que cuando mandó a inspectores para verificar que el producto existía se encontraron con varios incendios “casuales” en los almacenes que imposibilitaron el control. Y a todo esto los organismos de inspección españoles a verlas venir.

Me duele que la UE nos ponga una multa tan alta, y dudar de la inocencia de algunas personas absueltas por falta de pruebas, ya que desde luego no todos fueron culpables, supongo que sólo unos cuantos, y que otros que debían sentarse en el banquillo no lo hicieron, pero eso son conjeturas.

Pero más me duele que unos pocos se llenasen los bolsillos a costa de todo y jugando con el buen nombre de los agricultores españoles. Así que, qué quieren que les diga. Que no seré yo el que tire de chauvinismo para criticar la sentencia. Hubo más de un golfo, especialmente de alto nivel, y ahora pagamos las consecuencias.

El único hecho es que el Gobierno anda flojo de dinero y ha subido los impuestos al tabaco en unos 19 céntimos, y que las tabaqueras, ya puestas, la han elevado aún más: si va a caer de todas formas el consumo por lo menos que haya alguna compensación, habrán pensado.

Zapatero le echa cara y dice que no es para recaudar sino en interés de la salud de los españoles. Es decir, que como sube el precio se fumará menos. Tiene su lógica. Yo sigo tirando del hilo y supongo que si fumamos menos se venderá menos tabaco y por tanto se necesitará menor producción para atender al mercado, y si ésta se mantiene hasta pueden bajar los precios en origen (o al menos no subir en la misma proporción que la caída de ventas). Y descarto la exportación por los altos costes de producción españoles.

A pesar de eso ahora sale el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y dice que la fórmula es buena para los productores de tabaco (?). El argumento no se basa en una demostración empírica sino en que las otras opciones que barajaba el Gobierno eran aún mucho peores. Vamos, que Zapatero se planteó darles una puñalada y al final lo ha dejado en “una puñaladita”. Pues qué bien.