Hace 4 años el Gobierno decidió crear la Indicación Geográfica “Viñedos de España”, con el fin de que la marca país beneficiara las ventas en el exterior de los vinos españoles. Desde el principio hubo polémica con las denominaciones de origen y las principales regiones productoras de vinos de calidad, que consideraban esta marca un cajón de sastre ya que a la misma se podían acoger vinos de un nivel medio (o medio-bajo), que de hecho eran los grandes beneficiados, dañando a su juicio una imagen de calidad que tanto ha costado conseguir.

El caso es que en Bruselas tampoco gustó nada la idea y 4 años después ha obligado definitivamente a España a eliminar “Viñedos de España” por ir contra la normativa comunitaria. Lo curioso es que el ministerio, en lugar de envainársela tras el varapalo, asegura que la quita “por considerar que, en gran medida, sus objetivos quedan cubiertos por los nuevos instrumentos de la OCM”. Y dice alegrarse de los resultados que ha dado hasta el momento. Y la Federación Española del Vino, que también la impulsó, tres cuartos de lo mismo.

Yo no entiendo nada. Si no hacía falta, ¿para qué crearla?; si era buena, ¿por qué tanta alegría al eliminarla? O, dicho de otra manera, ¿por qué no reconocer abiertamente que no tenía encaje legal ni había consenso? Hasta para rectificar semos diferentes.

PD: Esta oveja negra se toma unas vacaciones, no sé si merecidas o no, pero vacaciones al fin y al cabo. Feliz verano a todos y hasta dentro de unas semanas.

Mientras en la sede de la Comisión Nacional de la Competencia se agolpan los expedientes sancionadores contra pequeños grupos, cooperativas o empresas del sector alimentario español, a los que no dejan respirar, las grandes compañías se mantienen al margen. Aunque de vez en cuando copen titulares por multas que parecen desorbitadas pero que en realidad son propinas que pagan gustosamente.

Esto viene a cuento de la sanción que la Comisión Europea (no es la CNC en este caso, pero tanto monta monta tanto) ha impuesto a 9 compañías productoras de fosfatos para piensos animales que se montaron su chiringuito particular al margen de las leyes del mercado y de cualquier normativa nacional o comunitaria: pactaron precios y se repartieron cuotas de mercado y ventas. Se repartieron el mercado tal cual, para no dejar nada al azar a la hora de comercializar los productos. Y claro, con todo atado y bien atado, imagínense la artificialidad de los precios y lo muy por encima que estarían de lo que les habría correspondido si se hubiesen sometido a la oferta y demanda. Pero esas nimiedades no iban contra un cartel tan bien avenido.

Lo curioso es que el chanchullo ha durado nada menos que ¡¡¡35 años!!! Tres décadas y media con un mercado secuestrado y unos clientes pagando lo que a ellos les venía en gana. No está mal, nada mal. Desde luego las cuentas de resultados lo habrán agradecido.

Y ahora llega la Comisión Europea y les impone una multa global de 175 millones de euros. En principio es una cifra respetable (yo hay días que no los gano), pero visto con perspectiva para las compañías es un pequeño aguinaldo son importancia. De hecho casi todas se han acogido al procedimiento de “clemencia”, por el que renuncian a alegar a cambio de que se rebajen los castigos. Así que supongo que lo consideran un chollo. Lo que no habrán ganado en este tiempo.

El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha asegurado estar “sorprendido de que los principales productores de un componente importante de piensos animales abusara de una parte sustancial del mercado durante casi 35 años”. Pues no sé de qué se sorprende. Si saltarse las leyes a la torera y campar a tus anchas 35 años te supone unos cachetes y una reprimenda lo raro es que no lo haga el resto. Bueno, algunos hay sospechas de que lo hacen, pero esa es otra historia.

Con el fin del acontecimiento planetario (Pajín dixit) que supuso la Presidencia española de la Unión Europea llegó la hora de los balances de un semestre que, en clave general, han supuesto posiblemente los peores meses en la vida laboral de un Zapatero que, acuciado por las urgencias internas y tutelado por otros países en materia económica, no ha podido lucir como tenía previsto.

Las conclusiones para la oposición son obvias y se podían escribir por anticipado: “fracaso” u “oportunidad perdida”; pero más allá de que tengan razón habrían dicho lo mismo pasara lo que pasara. En el Gobierno se esperaba el típico optimismo, pero es que la ridiculez que soltó Leire Patín con carácter previo la ha superado la vice De la Vega con lo de que será “una Presidencia que pervivirá en la memoria de generaciones” (o algo así, la boutade, de tan absurda, no merece la molestia de buscarla literalmente en la hemeroteca).

Así que, puestos a decir lo primero que se nos pasa por la cabeza, yo voy a dar mi versión, que tal y como está el patio no será la más indocumentada ni demagoga. Para empezar, con un presidente de la Comisión (Barroso) y otro del Consejo Europeo (Van Rompuy) las presidencias rotatorias de la UE casi carecen de competencias e incluso de sentido, y estoy seguro de que en un tiempo pasarán a mejor vida o cambiarán su papel.

En segundo término la mala gestión de la crisis de España y la tutela económica a la que se ha visto sometida no fortalecen precisamente su voz en Europa; y en tercer lugar Zapatero ha tenido que centrar lógicamente su atención en los asuntos domésticos. Con estos mimbres hablar de éxito es impensable para cualquiera que no sea del Gobierno o asimilado.

Tampoco en lo que se refiere a la cuestión agraria. El Ministerio de Medio Rural pregona grandes logros que quedan en tímidos y pocos avances en algunas áreas. Por sólo nombrar dos de las que más presume: es cierto que España ha introducido el debate sobre las relaciones en la cadena alimentaria, pero eso no se ha traducido en medidas concretas; y si no miren cómo Sarkozy ha dejado las reuniones a otros y ha actuado con contundencia en Francia mientras el resto sigue con el velo de Penélope.

Y sobre lo de que se han puesto las bases para garantizar la PAC más allá de 2013 qué quieren que les diga, que el debate real se abre el año que viene y que las declaraciones de intenciones cuentan muy, pero muy poco, por estos pagos, donde todos hablan del carácter estratégico del sector pero actúan como si fuera prescindible. En fin, que la Presidencia, en materia agrícola, ha pasado sin pena ni gloria; cero grados, ni frío ni calor. Lo demás es humo.

Llevábamos 5 años sin anchoa del Cantábrico, por lo que al abrirse la veda se esperaba que el mercado acogiese la noticia con unos buenos precios: por fin se iba a ofrecer al cliente anchoa autóctona, recién pescada.

Pero las previsiones de los pescadores no se han cumplido en absoluto. Supongo que hay varias razones, pero yo tengo una que quiero compartir con ustedes: comenté hace tiempo en este blog que hace un par de años estuve en el Norte de España, y en todos los restaurantes de zonas marítimas se ofrecía “anchoa del Cantábrico”, y al cliente se le daba casi a entender que estaba recién salida del agua.

Todo el mundo participaba de un semi-engaño en el que convenía la desinformación de un consumidor que volvía a casa y contaba que se había puesto fino de anchoas. De las buenas, de las de allí, que no son iguales a ninguna, por supuesto.

Incluso diría que el propio consumidor con conocimiento de causa (yo mismo) no renunciaba a tomar unas anchoas a pie de puerto, que por otro lado estaban riquísimas. También vi en todas las tiendas de productos delicatessen a las latas de anchoa supuesta y visualmente autóctonas como uno de los principales reclamos.

En fin, nada nuevo, lo mismo que se hace con otros muchos productos. Lo típico. ¿O es que alguien ha tomado alguna vez dorada de piscifactoría? Nadie, por supuesto, si no fuera porque más del 95% proviene de la acuicultura, pero eso es una cosa y otra que el pescadero o el del restaurante lo reconozcan.

Pero claro, una vez que el consumidor entra en el juego y se acostumbra a un precio por lo que considera anchoa del Cantábrico, ahora dile que no, que lo que tomaba era otra cosa y que de esta hay poca y debe pagarla al doble y encima en plena crisis. ¿Cuela? Parece que no, que todos nos pasamos de listos… y al final se te queda cara de tonto.

En la Unión Europea no pierden comba en la lucha contra el mismo déficit al que hace un tiempo Francia y Alemania no daban tanta importancia. No seré yo quien anime a gastar lo que no tenemos, pero incluso las sanciones a los estados tienen límites razonables.

La penúltima de la Comisión Europea es amenazar a los estados que no cumplan con la disciplina presupuestaria con retirarles, entre otros, los fondos para la agricultura y pesca. Es decir, que si papá Gobierno no hace los deberes se les castiga a los productores. Tiene el mismo sentido que regalarles a los eurochupópteros un iPad en plena crisis. Y más cuando la agraria es una política con competencias comunitarias y, por lo tanto, es de juzgado de guardia que la Comisión trate de eludir sus responsabilidades en los pagos.

Lo gracioso (por no llorar) es que el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, dice que no se perjudicará a los agricultores, ya que será el estado que incumple el que tendrá que pagar las ayudas de su propio bolsillo. Es decir, que los países que no llegan a fin de mes van a sacar dinero para unas ayudas que corresponden a la UE. No se lo cree ni el propio Rehn. Pero a él tampoco le importa demasiado.

COAG pide la dimisión de Espinosa por ser un freno para el agro

A Zapatero se le ha agriado su luna de miel con unos sindicatos de los que no hay ninguna duda de que habrían “quemado las calles” si en Moncloa estuviera un presidente del PP; con Elena Espinosa puede que comience a pasar lo mismo.

Hasta ahora la ministra, dentro de las circunstancias, ha encontrado en mayor o menor medida cierta comprensión en las organizaciones agrarias, incluso de ASAJA, habitualmente -por ese juego de intereses políticos- más reivindicativa con los ministros de izquierda, que ha estado algo más “templada”.

Pero la relación se está tensando desde hace meses, y puede que con el fin de la Presidencia española de la UE las críticas ganen en dureza, incluso desde las organizaciones más allegadas a la izquierda. De momento ahí van varias perlas que no llamarían tanto la atención si salen de un representante de ASAJA, pero ganan contundencia en boca de un dirigente de COAG, su secretario de Organización en Andalucía, Eduardo López, que no se ha cortado un pelo. Desde luego no hace prisioneros:

“Elena Espinosa es un freno a los intereses del sector agrario”.

“De nada sirven nuestros esfuerzos si luego la voz que se oye en Bruselas no los transmite”.

“España tiene un vacío de poder político en Europa. Mientras Francia tiene a su presidente liderando las reivindicaciones de los agricultores, en nuestro país la ministra parece que no quiere molestar a la Comisión y que se conforma con lo que otros decidan”.

“La Presidencia española ha sido una oportunidad perdida”.

La FAO pide una regulación para los mercados de futuros de productos básicos

No voy a ir a estas alturas en contra de los mercados de futuros, que tienen muchas ventajas, entre ellas que el que va a vender conoce con antelación lo que ingresará por su mercancía y el que compra se asegura el abastecimiento. Pero dicho esto hay en ellos un grado de especulación que es preocupante en productos tan necesarios como el petróleo y que llega a ser indignante en productos alimentarios de primerísima necesidad.

La FAO ha debido descubrir ahora que el alto precio de los cereales de hace un par de años se debió en buena parte a los especuladores, y pide una regulación particular para los productos básicos. Da una cifra que asusta: tan solo el 2% de los contratos que se firmaron en estos mercados de futuros supusieron la entrega de la mercancía. Es decir, que en el 98% de los casos el producto (trigo, cebada…) tan solo se limitó a cambiar de dueño, tal vez sin ni siquiera estar sembrado o recogido.

Las consecuencias en Europa o EEUU son pequeñas molestias en forma de aumento de precios; pero en países pobres suponen la línea entre la vida y la muerte para cientos de miles de personas (¿recuerdan las revueltas del hambre en Egipto, Senegal, Bangladesh, México…?).

Así que, qué quieren que les diga, estoy con la FAO: la regulación en estos mercados de futuros debe ser extrema; en la lucha contra el hambre no vale escudarse en una libertad de mercado vomitiva que juega a la ruleta rusa con vidas ajenas.

El Congreso ha aprobado hoy la reforma de la Ley de Morosidad por la cual se hace obligatorio el pago en un máximo de 30 días a los proveedores de productos frescos y 60 para los no perecederos. En realidad estos plazos ya estaban regulados pero contaban con una trampa en el texto de la propia normativa, que rezaba “salvo acuerdo entre las partes”.

Y claro, cuando una de las partes tiene más peso que la otra y puede comprarle la leche, la fruta o lo que sea a uno, a otro o a Maroto, pues impone ese “acuerdo entre las partes”, de forma que, según algunas organizaciones agrarias, el pago real se extendía hasta entre 70 y 100 días. Así que hay que aplaudir que esa frase pase a mejor vida.

Y en este caso, por cierto, la mala no era la gran distribución minorista, que ya estaba obligada a esos plazos sin poder acogerse a “acuerdos entre las partes”, sino eslabones intermedios de la cadena (distribuidores no minoristas, empresas, etc.). Y es que aquí el que puede aprieta; “tonto el último”, debe ser la consigna.

Hace unos días entrevistamos a Jorge Jordana para Gestiona Alimentaria (y la transcribimos para agrocope.com). Ha sido durante 33 años secretario general de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas –dejó el cargo hace unas semanas-, por lo que conoce la evolución del sector en las últimas décadas como nadie.

Además de hacer un interesante repaso por los principales acontecimientos de las últimas décadas, me quedo con un par de reflexiones de futuro:

P.- Si tuviera que definir en pocas palabras a la industria alimentaria española, ¿cómo lo haría?

”Está siendo una oportunidad perdida. El problema de la industria alimentaria es que somos invisibles y no nos ven […] Contamos con capacidad con empresas y con mercado de futuro, sólo necesitamos que se ocupen de nosotros, no necesitamos subvenciones, ni ayudas […] sólo que nos ayuden a resolver los problemas que lógicamente tenemos como cadena y podemos saltar. Yo estoy convencido de que la industria alimentaria, a poco que se la cuidara podría crecer un 40 por ciento en 10-15 años”.

Y es que ni éste ni anteriores gobiernos apuestan por un sector que supone entre el 15 y el 17% del  Producto Industrial Bruto. Ante la lógica imposibilidad de competir en precio con otros países menos desarrollados la salida pasa, a su juicio, por la formación y el I+D. Pero si las administraciones no apoyan –como hacen con otros sectores con más pasado que presente-, las universidades no centran esfuerzos en investigación alimentaria, etc, podemos perder el tren del futuro.

Lo bueno es que estamos a tiempo para cambiar; lo malo es que no se aprecian ganas.

La ministra Elena Espinosa asegura que el Gobierno ha puesto en marcha todas las medidas comprometidas en el Plan de Choque para el campo; aquellas que avaló personalmente Zapatero el 29 de diciembre en una reunión en Moncloa con los dirigentes de las organizaciones agrarias. Su intención era dar su apoyo al agro para desactivar posibles manifestaciones que enturbiaran la Presidencia española de la UE.

Pero casi 6 meses después los agricultores ya le han organizado una movilización –la del 1 de junio en Mérida- y acusan al Ejecutivo de no hacer prácticamente nada. Yo estoy con ellos más que con Espinosa: medidas pocas y cortitas. Si este era el Plan, parece claro que el campo se va a acabar chocando. Que a lo mejor era a lo que se refería Zapatero y le entendimos mal.