El secretario de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, aseguró ayer que la laicidad será uno de los principales debates en el 37 Congreso Federal del Partido Socialista, y que esta gira en torno a tres grandes bloques:
1. La necesidad de reformar los acuerdos con la Santa Sede,
2. la revisión de determinados “signos religiosos”,
3. y el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Además afirmó que “todavía perduran” normas en el “ordenamiento jurídico” español y “determinadas prácticas”, que es necesario revisar.
Y aunque en un arrebato de sinceridad desempolvó el lenguaje violento y odioso contra la Iglesia, acusándola de todos los males relacionados con la desigualdad hombre-mujer, de ir contra la democracia, y unas cuantas injurias más del montón, no se atrevió a reconocer al menos dos consecuencias lógicas de sus previsiones laicistas:
1. Si hay que reformar los acuerdos con la Santa Sede porque perduran normas, signos y prácticas que es necesario revisar, no puede ser otro el objetivo que impedir el servicio religioso en las Fuerzas Armadas, centros hospitalarios, y otros centros públicos, lo cual vulnera no ya sólo esos acuerdos, sino varios derechos humanos fundamentales.
2. Y si él mismo introduce la cuestión del aborto –que no ninguna interrupción, porque todavía no conozco a nadie cuyo embarazo haya sido interrumpido y como todo lo que se interrumpe haya continuado para contarlo- entre las políticas laicistas, esta reconociendo implícitamente que estas políticas pretenden acabar con la Iglesia Católica en cuanto baluarte de una cultura de la vida y de una sociedad que sabe distinguir lo bueno de lo malo, por si mismo, y no por el dictado de sus gobernantes, y que si los ha elegido es para que administren unos mínimos servicios públicos, y no para que la eduque ni para que la permita nacer, o la obligue a morir.